Decisión de director penitenciario aviva controversia de Corrientes y Santa Fe

La negación de un funcionario del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) de Corrientes a dar alojamiento a un hombre sospechado de tráfico de drogas que fue encausado por el magistrado federal de Reconquista, Aldo Alurralde, y las dilaciones para apresar a un sospechoso de ese delito en la ciudad de Esquina, reavivaron una controversia entre las autoridades de los gobiernos de Santa Fe y Corrientes. Los funcionarios santafesinos ponen en duda el compromiso de los correntinos respecto a combatir el tráfico de estupefacientes. La situación se originó a raíz de un pedido del titular del Juzgado Federal de Reconquista al director de la Alcaidía de la ciudad de Goya, Patricio Espínola, a quien se le solicitó espacio para alojar allí a un correntino detenido en la provincia de Santa Fe. En respuesta a esto, el funcionario del Servicio Penitenciario Provincial de Corrientes se negó a colaborar con la Justicia Federal. La nota de respuesta del efectivo fue corta pero contundente. Sostuvo que la decisión que tomó fue “priorizando las instancias ordinarias provinciales, conforme al artículo 10º de la Constitución de la Provincia de Corrientes, respecto de cuáles son las condiciones y los convenios para el alojamiento de los presos federales”. “Por lo tanto, esta dirección no tiene intenciones de colaborar con ese Juzgado Federal (de la ciudad de Reconquista), teniendo en cuenta que se cuenta con directivas precisas de esa superioridad”, indica la notificación firmada al pie por el jefe de la Unidad Penal Nº 8 de Goya. Según este escrito, la determinación del jefe penitenciario responde a una orden emitida desde el Gobierno correntino hacia el área dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Corrientes, cuyo titular es Juan José López Desimoni. Esta situación se da a la par de otro incidente que involucra a un funcionario de la Prefectura Naval Argentina y también de un juzgado federal de la ciudad de Corrientes por las dilaciones que afectaron al normal desarrollo de un allanamiento ordenado por Alurralde en la ciudad de Esquina, donde se apresó -finalmente- al líder de una organización narco. Esto sería porque el magistrado santafesino habría ordenado al jefe de la Prefectura de Esquina a que envíe numerarios para realizar el procedimiento, pero éste habría accedido recién una hora y media después de la hora establecida excusándose supuestamente en que el juez de la jurisdicción, Carlos Vicente Soto Dávila, no le había dado indicaciones. Lo llamativo es que, cuando finalmente se hizo el procedimiento, en el domicilio señalado no hallaron sustancias estupefacientes en la cantidad que esperaban. “Son fuerzas federales, deben colaborar. Si tienen dudas de la firma o del cargo pueden comunicarse y corroborarlo; en la era de las comunicaciones lo pueden hacer inmediatamente. Desconocieron la orden de un Juez Federal”, había dicho el juez en una radio de Reconquista.s