¿Y si el ajuste lo hace la política?

El presidente Mauricio Macri defendió el aumento exorbitante de tarifas y para hacerlo comenzó a transitar el camino que utilizan todos los gobernantes en apuros: actúan de hecho, se olvidan de sus promesas, ofrecen justificaciones basadas en comparaciones antojadizas y parangonan un mal del presente con un mal del pasado. El líder de Cambiemos ha entrado al sendero del que generalmente no regresan los funcionarios, y en el polémico tema de las tarifas habló como un político antes que como un Jefe de Estado preocupado por dar una solución a la mayoría de los ciudadanos. Más grave aún, Macri planteó un insólito desafío electoral hacia 2019, como si el zarpazo al bolsillo de la gente se pudiera medir con su éxito o fracaso futuro en las urnas. Claramente está desenfocado.

Lo concreto es que con la agilidad de un gato, Mauricio Macri dispuso el veto total a la ley que se sancionó en el Congreso de la Nación, impulsada por la oposición, para poner freno a la suba tarifaria. La Cámara de Senadores completó la aprobación ayer a la madrugada y apenas un par de horas después, a primera hora de la mañana, se conocía el decreto presidencial. Lo comunicó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, que anticipó la línea discursiva que luego, en una conferencia de prensa en la provincia de Salta, desarrollaría el Presidente. “No se puede hacer algo tan irresponsable, no se le puede mentir a la gente. Soy el primero que si pudiera no aumentar las tarifas no las aumentaría”, dijo Macri, quien se despachó no solo contra los legisladores sino también con los gobernadores peronistas (no kirchneristas), cuyos senadores votaron a favor de la ley. “¿Qué quiso hacer el peronismo? ¿Una demostración de fuerza?”, se preguntó y -al igual que Peña- se manifestó confiado de que la gente volverá a acompañar a Cambiemos en 2019. Evidentemente en la Casa Rosada observan todo a través de un prisma electoral. Sin embargo, el problema es otro y tiene que ver con el rumbo de la economía, puntualmente de las familias. “¿A qué presidente le puede gustar dar esta mala noticia, generar incomodidad y el desafío adicional de pagar las tarifas?”, dijo Macri al referirse al veto a la ley, pero advirtió que si no lo hacía y se daba marcha atrás con los aumentos de tarifas había que suspender la Asignación Universal por Hijo el resto del año, las pensiones por discapacidad, parte de las jubilaciones, o todas las obras que están en ejecución. ¿De dónde salen los $110.000 millones que significa restablecer los subsidios?, interrogó. Tal vez, el Gobierno debería dejar de mirar tanto las asignaciones, las pensiones, las jubilaciones y revisar más profundamente el esquema presupuestario que sostiene a la política. ¿Y si los funcionarios de los tres poderes del Estado se rebajan los salarios como un aporte solidario? ¿Y si reducen el flujo de fondos que sostiene la actividad política, no esencial para el desenvolvimiento de las instituciones? ¿Y si cortan los gastos de representación, viáticos, pasajes? ¿Y si les cobran un gravamen a los que lucran con la especulación financiera? ¿Y si dejan de pagar 40% de interés en las Lebac? El negocio de las Lebac, entre capital e intereses, representa 60.000 millones de dólares, es decir más de lo que atesora como reservas el Banco Central. ¿Y si deciden achicar el margen de ganancias de las compañías energéticas? Con tarifas del 2017 las eléctricas ganaron 12.000 millones de pesos, en tanto que las gasíferas embolsaron 6.000 millones de pesos. Algunas de esas firmas están vinculadas al Presidente a través de empresarios amigos. Recursos de donde rascar hay, el problema es animarse a hacerlo. Y reformular equitativamente el esquema de subsidios. Poder se puede, pero...s