“Planteé la inconstitucionalidad de la flagrancia en los procesos de menores”

Antes de cumplir el primer mes de vigencia, el “Reglamento de Procedimiento de Casos de Ilícitos Cometidos en Flagrancia” fue tildado -parcialmente- de inconstitucional por una integrante del Poder Judicial. La titular de la Defensoría Oficial Penal Nº 2 de la ciudad de Corrientes, Patricia Adriana Barbis, al intervenir en una causa en la que se aplicó dicha figura a un menor de edad, planteó que un artículo del reciente instrumento (creado mediante acordada del Superior Tribunal de Justicia) va en contra de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales del mismo rango. Si bien la acción fue rechazada en primera instancia, la defensora insistirá ante la Cámara de Apelaciones de Corrientes y haciendo reserva federal, por lo que el reclamo podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. NORTE de Corrientes entrevistó a la abogada para conocer en detalle su postura y la razón de su discrepancia, la cual la llevó a cuestionar que los elaboradores del reciente instituto hayan obviado diferenciar entre un proceso en el que el acusado es adulto y otro en el que lo es un menor. —¿En qué consistió su planteo? —Yo planteo la inconstitucionalidad con respecto a procesos de menores (...). Precisamente tuvimos el primer caso en Capital ante el Juzgado de Menores Nº 2: el caso puntual de la persona que representé era un joven de 17 años que no tenía antecedentes y en el cual estaba imputado por el delito de robos en grado de tentativa. Planteé la inconstitucionalidad, en eso ya hubo un pronunciamiento de la Cámara Nacional de Casación (ver más en el apartado), con respecto al artículo 8 del Reglamento de Flagrancia cuando habla del debate cautelar y, en subsidio, la inaplicabilidad del Reglamento de Flagrancia con respecto a procesos de menores de edad. Es bien sabido que hay un bloque constitucional, el cual nos dice que en los procesos donde haya menores infractores, la última ratio es la privación de la libertad. Y eso se contrapone porque en los procesos de flagrancia, como su nombre lo indica, el delito es advertido por personal policial, transeúntes o vecinos. Si nos está diciendo el bloque constitucional, la última ratio es la privación de la libertad y en este caso concreto de una persona que no tiene antecedentes esté detenida cuando hay otras alternativas a la privación de la libertad (...). Ahora bien, la privación de la libertad para un menor en este caso no es acorde a las normas constitucionales y tratados internacionales y es por ese motivo que planteé la inconstitucionalidad. No hay una compatibilidad de un menor con el proceso de flagrancia porque justamente el fin de un proceso ante un menor o un adolescente es que se lleve a cabo una función tuitiva, medidas de protección, absolutamente nada que ver con lo que respecta a un adulto. —¿Cuál fue la respuesta de la jueza? —Ante el pedido que se hizo, con toda la iniciativa de la oralidad y la inmediación, el juzgado no me hizo lugar, ya fui notificada de los fundamentos así que nos está transcurriendo el plazo y con mi equipo de trabajo estamos llevando a cabo la confección de un recurso de apelación. Y está previsto que el plazo de la Cámara de Apelaciones se debe expedir sin exceder los 30 días, así que pronto tendremos novedades si nos hace lugar al remedio impugnativo o confirma la decisión de la jueza de grado. —¿Qué argumentos formuló para el rechazo? —Uno de los argumentos fue que a su criterio este proceso pasa cómodamente el test del bloque constitucional, cosa que no comparto, pero el Derecho es así, admite muchas interpretaciones. De todas maneras en nuestro recurso de apelación vamos a hacer la reserva federal y en el caso de tener un pronunciamiento adverso por parte de la Cámara de Apelaciones la intención es seguir en las instancias superiores. Porque repito, no he planteado la inconstitucionalidad en proceso de flagrancia de adultos.