Conflicto por trabajadores precarizados

Sigue en pie el conflicto entre Legislativo y Ejecutivo en Mburucuyá, ya que los concejales vienen peticionando al intendente, Pablo Guastavino (ECO), que informe sobre la cantidad de empleados de la Comuna y aclare sobre las condiciones laborales. La acusación de los ediles es que Guastavino mantiene “empleados informales (en negro) que ganan $110 y $55 por jornada, y que los sábados, domingos y feriados no cobran, o sea, no comen”, dijo a NORTE de Corrientes el edil Gustavo Aromí (PJ); y senaló: “Calculamos a priori que el 70% de los empleados municipales son jornaleros”.
Un nuevo capítulo de esta puja se vivió al fin de la semana. En referencia, el edil Aromí contó a este diario: “Hace meses venimos solicitando la nómina de empleados municipales, y la semana pasada en reunión de Comisión los siete concejales firmamos una nota en la que expresamos que estábamos dispuestos a sesionar en cualquier día y horario para que no venza el plazo del 31 de mayo pasado, para adherir al Pacto Fiscal. Lo único que pedíamos era la presentación de la nómina. Incluso el martes pasado cuando me pude reunir con el intendente, me dijo que prepare una serie de propuestas para mejorar la situación de los trabajadores. Le hicimos llegar las propuestas, pero él no llamó a reunión extraordinaria. Presentamos proyectos para garantizar a los empleados una cobertura de salud y mejora de haberes. El estudio de las medidas de protección a los empleados y la nómina era la condición para evaluar en el Concejo la adhesión al Pacto. Evidentemente, él no llamó a extraordinarias porque no tiene el informe preparado y ni tiene intenciones de presentarlo”.
Antes de proceder a rechazar la adhesión, los ediles Hernán Vallejos, Renzo Dacunda, Sonia Ramírez, Mario Soto, Franco Cáceres, Marcelo Romero y Gustavo Aromí expresaron al intendente por nota fechada a fines del mes pasado, que estaban dispuestos a reunirse en Comisión para el despacho correspondiente del expediente presentado por el Ejecutivo.
Igualmente, la Comuna pudo adherirse al Pacto Fiscal, que establece ciertas obligaciones comunales bajo la promesa oficial de recibir fondos extra para la concreción de obras. Una de ellas es que la planta de personal municipal no crezca más que la población, que aumenta en la Argentina un promedio de 1% por ano, a excepción de que Mburucuyá tenga un superávit más que considerable, ecuación bastante improbable. Los concejales no pudieron tratar el tema en el recinto, pero la Intendencia logró adherir de igual modo.
“El intendente echó mano del artículo 118 de la Carta Orgánica Municipal que le permite dar tratamiento a un proyecto de manera muy urgente, por lo que un tema especial tiene siete días para ser tratado, sino, se lo aprueba automáticamente. Aunque entró en el Concejo, no lo hizo para ser tratado de manera muy urgente, porque esto requiere un tratamiento especial y tiene que mandar un informe respaldando y argumentando el pedido.
Por eso estamos analizando medidas al respecto, porque el proyecto fue aprobado bajo este artículo, que es un artilugio legal. Aunque el tema del Pacto Fiscal ya quedó atrás, esta medida rompe el republicanismo y es fraudulenta.
Pero sabemos que un proyecto no oculta al otro y seguiremos pidiendo que el intendente cumpla con la ejecución presupuestaria y la presentación de los nombres y cantidad de empleados”, explicó Aromí.
Los ediles piden a Guastavino una mejora salarial del 30% por ciento anual a todo el personal y del 100% para los barrenderos que ganan menores montos.
Además, solicitan que garantice una obra social para la cobertura de los trabajadores precarizados hasta que se los regularice y la obligación de censar a los obreros no registrados que tengan más de un ano de antigüedad o incluso hayan sido despedidos hasta un ano antes.s