El Gobierno provincial tensiona el Pacto Fiscal abriendo nuevos cargos en Invico

El Gobierno provincial concretó en el primer semestre múltiples designaciones en distintos ministerios bajo distintos títulos y en algunos casos con roles y misiones insólitas, todo esto se dio en paralelo al compromiso asumido con el gobierno central de Cambiemos que viene instando a no expandir la planta estatal. Los nombramientos van a contrapelo de la austeridad que reclama el Pacto Fiscal. Resulta extraño en contrasentido, en su momento la administración local cuestionó los convenios colectivos porque “ponen en peligro” las fuentes de trabajo, sin embargo ha alimentado la burocracia generando cargos de alto rango en el Instituto de Viviendas de Corrientes (Invico). Según los datos propocionados los delegados sindicales, a los ocho gerentes tradicionales ahora se agregaron ocho nuevos consejeros con sueldos similares a gerentes. El Decreto Nº1.333 -que el gobernador Gustavo Valdés firmó el 1 de junio- aprueba la resolución Nº617, que resuelve asignar a funciones de gerente a ocho nuevos empleados. En el documento también están las firmas de Bernardo Rodríguez, ministro de Obras Públicas (ex interventor del Invico) y también del interventor del Invico, Julio Veglia. Las designaciones se dieron en la función de Gerente General de Planificación y Coordinación, Gerente de Asuntos Jurídicos, Gerente Administrativo de Finanzas, Gerencias de Promoción y Desarrollo Socio-Habitacional y Consejero Superior. Según los trabajadores, hay una “ocupación ilegal de cargos gerenciales y departamentales en franca violación a la Ley de Servicio Civil 4.067”.

Los delegados gremia­les en el Invico ya venían denunciando este tipo de nombramientos a dedo en el organismo de la calle San Juan, que violarían la ley 4.067 del empleado público. Los sindicalistas -quienes durante esta semana reali­zaron asambleas- apuntan a la Gerencia de Promoción y Desarrollo Socio-habitacio­nal, encargada del sorteo de viviendas, por el “inminente nombramiento a dedo en cargos gerenciales y depar­tamentales, de personas sin trayectoria y sin experien­cia, pasando por encima de la carrera administrativa de la gran mayoría de los traba­jadores sociales, que tienen más de 25 años de antigüe­dad en sus cargos”, acusa­ron.

Aseguran que estas desig­naciones violan la ley 4.067, que en su artículo 265 esta­blece claramente que pro­ducidas las vacantes debe llamarse a concurso para cubrir esos cargos. “En este caso, en la Gerencia de Pro­moción y Desarrollo Socio-habitacional se ha violado este punto de la ley”, pun­tualizan los gremialistas. Indicaron que durante los últimos meses se le han pre­sentado al interventor Julio Veglia varios expedientes reclamando el cumplimien­to de la Ley 4.067 en lo que respecta a los cargos vacan­tes y a la recategorización del personal, pero hasta la fecha no han obtenido res­puesta.
Asimismo, los emplea­dos continúan en estado de asamblea y movilización permanente. La semana pa­sada realizaron una asam­blea, en la que denunciaron la paralización de obras, que incluyen la construcción de 2.000 viviendas que ya es­tán adjudicadas.
“Se quejaban porque du­rante el kirchnerismo no llegaban los fondos por el extracupo; y ahora tampoco están mandando ese dinero desde el Gobierno de Mauri­cio Macri”, alertaron.
Ante este contexto, exigen a las autoridades del orga­nismo provincial que permi­tan la recategorización del personal con experiencia y trayectoria en la institución.

Al mismo tiempo, recha­zan el proyecto de reestruc­turación administrativa por fuera de la ley y el incre­mento de cargos jerárquicos (consejeros, supergerentes, etc).
Solicitan además la reac­tivación del programa Es­fuerzo Propio y Ayuda Mu­tua (Epam) para las familias de menores recursos, in­corporando mano de obra local, ladrillos, cooperativas de trabajo, etc. Rechazan además la bancarización de la vivienda social y la in­dexación por el sistema UVA para las viviendas del Invico.
Además, la falta de envío de fondos nacionales ocurre cuando la administración de Macri pide a los gobernado­res que cedan hasta el 30 por ciento de sus fondos federa­les para obras públicas, en el marco del plan de ajuste nacional.s