Graciela Ferreyra, o el control del Poder Judicial

La suspensión de la jueza Graciela Ferreyra generó sorpresas en el ámbito judicial. Sentada en el sillón del Instrucción Nº 6 desde hace más de diez años (y en la Justicia desde 1991), con el pergamino de haber sido algo como la mano derecha de Mario Payes en la oscura época de los juicios por encargo del poder político (coalición e intervención federal), contra los opositores en una evidente persecución que se prolonga hasta la actualidad, la magistrada es la punta del iceberg de una fuerte disputa por el control en el Poder Judicial. El entonces juez de Instrucción (cuya designación fue gracias al voto del gobernador/senador Perié, en evidente incumplimiento de las funciones públicas ya que propuso al postulante siendo cabeza del Poder Ejecutivo y luego convalidó el ingreso judicial como legislador), fue nombrado en tiempos de Ricardo Colombi como Fiscal General, cargo que ahora está en manos de César Sotelo, heredero natural del espacio de control judicial. Ya fuera de la Rosada local, los comandantes de la troupe que conduce la Justicia se animaron a avanzar con un proyecto vetado oportunamente por Ricardo Colombi, y que resulta de sumo interés para ese sector: la reforma del Código Procesal Penal. Es que en la iniciativa, propuesta hace más de diez años por el entonces titular del STJ Carlos Rubín, figura la creación de la Policía judicial. Con esa herramienta, los fiscales tendrán un control directo de parte de la fuerza, la que recibirá directivas desde el Poder Judicial y ya no desde el Poder Ejecutivo para determinadas acciones (ver más en texto relacionado). La suspensión de la jueza Ferreyra forma parte de una compleja trama político-judicial para determinar “quién manda” en la Justicia correntina, un globo de ensayo para saber de qué lado está cada uno de los principales actores. En una movida para aclarar los tantos, el poder político activó el Consejo de la Magistratura, más allá del comportamiento de la jueza, el que finalmente determinó la sanción el pasado 29 de mayo. El voto central del organismo responsable de designar y suspender jueces fue de la ex decana de la Facultad de Derecho, Verónica Torres de Breard, apoyado por la referente del Consejo de la Magistratura María Herminia Puig y el representante de los abogados, Ricardo Villar. Así Ferreyra quedó suspendida, a merced del Jurado de Enjuiciamiento, un organismo con fuerte presencia política en el que Ricardo Colombi comanda los hilos. De los siete integrantes del Jury, los tres referentes legislativos responden políticamente a la alianza ECO Cambiemos y el delegado de los magistrados es el controvertido Juan José Cochia, está ligado a Ricardo Colombi porque como juez contravencional otorgó un amparo judicial para que no declare en una causa por la compra fraudulenta de un chalet en la esquina de Perú y 9 de Julio en esta capital. Desde el momento de la sanción, el espacio de poder que tiene a la acusada como una de sus integrantes busca afanosamente saber de qué manera se va a comportar la corporación política, ya que avanzar con una destitución de tan significativa figura podría abrir la puerta a otras de mayor relevancia. En los pasillos del Superior Tribunal se abrió una instancia de controversias respecto a la relación con el poder político, muy atentos los superiores a los movimientos desde Salta y 25 de Mayo. Sin dejar también de observar qué se dice desde el noveno piso de San Juan y 9 de Julio. La Justicia, en tanto, sigue bajo los influjos de los ánimos y lejos aún de ser lo que la ciudadanía espera: un cobijo social y jurídico ante el ataque de derechos.s