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Revocaron la excarcelación de un acusado de lavado de activos

Lo acusan de operar con dinero originado en la trata de personas.

La Cámara Federal de Casación Penal de la Nación revocó la excarcelación de uno de los imputados en la causa de lavado de activos provenientes de la Trata de Personas en Paso de los Libres y ordenó su inmediata detención. El imputado, Pablo Martín Marsilli, había sido excarcelado por una resolución de la Cámara de Apelaciones de Corrientes, pero el representante del Ministerio Público Fiscal Carlos Schaefer apeló esa medida al presentar un recurso de queja. Ayer, los jueces Carlos Alberto Mahiques, Liliana Catucci y Edgardo Riggi analizaron los planteos del fiscal Schaefer y resolvieron “hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público” para “anular la resolución recurrida en cuanto se dispuso la libertad de Marsilli”, estableciéndose así la prisión preventiva oportunamente decretada. En este orden de cosas se ordenó también que “se proceda a su inmediata detención”. El imputado está acusado de formar una organización que supuestamente formaba empresas fantasmas para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas como la explotación de personas y el tráfico de divisas. Fue detenido por orden de la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, pero el 17 de noviembre del año pasado la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes le otorgó la libertad. Ante esto, el fiscal general federal Carlos Schaefer presentó un recurso fundado en la falta de valoración de los delitos de evasión tributaria, lavado de activos e infracción al régimen penal cambiario en el momento que la Cámara de Apelaciones le otorgó la libertad al acusado. Sostuvo además que “el informe socioambiental realizado carece de eficacia a los fines de determinar el arraigo domiciliario, familiar y laboral del imputado, toda vez que los datos fueron aportados por su concubina y los testigos consultados dijeron no conocer al imputado”. El fallo de la Cámara de Casación Penal se conoció horas después de que en la capital correntina la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes confirmara el procesamiento de los 11 acusados de conformar una asociación ilícita dedicada al lavado de activos provenientes de delitos vinculados a la trata, narcotráfico, contrabando de divisas y cambio marginal. Este proceso judicial deriva de la investigación por la cual fue procesado el ex fiscal federal de Paso de los Libres Benito Pont, quien, junto a otros funcionarios, se encuentra sospechado de haber brindado protección a una red dedicada a la trata con fines de explotación sexual. Al rechazar una serie de agravios elevados por los defensores, el tribunal ratificó los términos de la resolución dictada por el Juzgado Federal de Paso de los Libres en noviembre del año pasado mediante la cual dispuso el procesamiento sin prisión preventiva- de Pablo Martín Marsilli, Héctor Rodrigo Marsilli, Ricardo Aguirre, Gustavo Aguirre, María Clelia Ramona Espada, Jorge Antonio Castro Gentil, David Osmar Loza, Eduardo Matías Bravo, Leonel Elías Zappa, Fernando Daniel Marticorena y José Acebal, sobre quienes además decretó embargos millonarios. “La discrepancia de los recurrentes acerca de la valoración a los elementos probatorios incorporados no logra conmover la validez del temperamento adoptado por el instructor, sino que sólo procura revelar una arista diversa sobre cómo sucedieron los hechos y el modo en que corresponde ser valoradas las pruebas reunidas, lo que por mandato corresponde al magistrado. A criterio de los suscriptos, existen indicios suficientes con el grado de provisoriedad que esta instancia exige, para sustentar la tesitura de acciones dirigidas a poner en circulación en el mercado bienes provenientes de un ilícito”, consigna el fallo firmado por los jueces Selva Spessot, Mirta Sotelo de Andreau y José Luis Aguilar.

Causas derivadas

La causa se inició a través de una presentación efectuada el 6 de abril de 2016 por la Unidad Operacional de Control del Narcotráfico y el Delito Complejo “del Litoral” de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), donde la fuerza de seguridad puso en conocimiento la existencia de un grupo de personas que se habría asociado para, entre otros fines, poner en circulación activos de origen ilícito en el mercado, utilizando para ello diversas estructuras jurídicas. Posteriormente, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que colabora con la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, a cargo de Fabián Martínez, realizó una presentación en la que solicitó una serie de medidas de prueba, en su mayor parte enfocadas en la situación patrimonial de los imputados. Una vez llevadas a cabo, el fiscal Martínez requirió la instrucción de la investigación respecto a los imputados y, en ese contexto, se practicaron allanamientos que arrojaron como resultado el secuestro de una gran cantidad de documentos públicos relacionados con vehículos, dinero, valores y documentos privados de interés, los cuales constituyeron “pruebas categóricas del delito endilgado a cada uno de los imputados”, de acuerdo a la valoración otorgada por la jueza federal de Paso de los Libres. La investigación puso de relieve que una de las formas de capitalización empleada por la organización consistiría en la formación de diversas sociedades “fantasma” o ficticias, a través de las cuales se adquirían vehículos de alta gama, encontrándose autorizados a conducir los propios socios e investigados. Además, algunos de esos vehículos serían utilizados para cruzar a países limítrofes para obtener divisas.s