Contador reclama un edificio que habría comprado a una organización criminal

El reclamo de titularidad de un inmueble de importantes dimensiones, incautado por una causa de lavado de activos proveniente del narcotráfico, cursa una investigación respecto de la legitimidad del reclamo realizado por el supuesto comprador del edificio. La controversia se presenta en el marco de la primera causa que llegó a juicio por maniobras financieras con dinero ilegal. En este proceso fueron condenados en Corrientes los integrantes de un clan familiar acusado de estar ligado al tráfico de marihuana desde Misiones. Este grupo había sido investigado desde 2012 a raíz de incautaciones de estupefacientes por parte de efectivos de la Gendarmería. Luego descubrieron que los sospechosos administraban una concesionaria automotriz instalada en la ciudad de Posadas, donde se comercializaban automóviles de alta gama comprados supuestamente con dinero ilegal y, se sospecha, que también recibían rodados como parte de pago de la droga. El 15 de marzo de 2018, el Tribunal Oral Federal de Corrientes fijó penas de prisión a los involucrados y ordenó que el edificio donde funcionaba la automotriz, ubicado en la avenida Quaranta 6195 de Posadas y que estaba a nombre de la imputada Gricelda Romina Sosa, quede a disposición de la Gendarmería. Pero tras esto apareció un supuesto comprador de ese inmueble. Se trata de un contador, César Pompeyo Flores, quien se desempeña en una firma vendedora de vehículos de esa ciudad. El hombre se presentó en el Tribunal Federal de Corrientes con un boleto de compraventa y pidió “la inmediata restitución del inmueble donde funcionaba la concesionaria RR VIP Automóviles”. Aseguró que adquirió el inmueble el 27 de junio de 2014, pero que cuando quiso ingresar a él en 2018, estaba ocupado por la Gendarmería Nacional. El reclamo generó la oposición del fiscal general Carlos Schaefer, quien se abocó a investigar la supuesta transacción y descubrió que “todos los instrumentos solicitados al Registro de la Propiedad de Misiones en relación a la propiedad resultaron con posterioridad a la fecha de los allanamientos en la causa”, es decir, que los trámites de traspaso de titular se realizaron cuando ya estaban incautados. Puso en dudas la legitimidad del pedido al tiempo que advirtió “la intención de la condenada Gricelda Romina Sosa de vender un inmueble que ha sido decomisado por este Tribunal, sosteniendo así que Sosa continuó y continúa desplegando acciones tendientes a lavar los bienes que habían sido obtenidos ilícitamente por la organización delictiva que integraba, pretendiendo de esta manera, transferir a un tercero, es decir, blanquear el dinero del lavado de activos”.s