Polémico ex abogado de la coalición fue contratado por la Fiscalía de Estado

En momentos en que tribunales internacionales comienzan a dar luz sobre el oscuro pasado judicial correntino, el Gobierno provincial contrató como uno de sus abogados a Ricardo Maldonado, pieza clave en el armado de las causas contra Tato Romero Feris en tiempos del Gobierno de la coalición. Mediante el decreto 433 del pasado 7 de marzo, el Gobernador de la Provincia aprobó la contratación del abogado que pergeñó desde la Comuna capitalina, el cúmulo de causas contra el ex intendente y ex gobernador, que luego fueron ejecutadas por el ex juez Mario Payes, y refrendadas por sucesivos tribunales especiales cuyas conformaciones fueron digitadas para dictar sentencia contra el líder del Partido Nuevo. Litros de tinta y kilos de resmas con imputaciones extremas, fueron presentados de manera sistemática en ese segundo semestre de 1999, siendo la cabeza de la oficina jurídica, precisamente Ricardo Maldonado. Mientras los informes, sentencias y dictámenes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dejaron en claro que en Corrientes se subvirtieron los principios básicos de justicia desde el inicio mismo de las causas contra Raúl Romero Feris, y que el Estado argentino deberá responder ante esta situación, la Provincia avanzó con la contratación del ex asesor jurídico de la gestión de Juan Carlos Zubieta, desde julio de 1999 hasta diciembre de ese año. Maldonado (el abogado que representará al estado provincial en los casos que le sean asignados), estuvo en el génesis de ese modus operandi político, siendo pieza clave en la confección de las pruebas y expedientes que luego fueron tomados en el juzgado de Instrucción comandado por Payes como verdad revelada, sin margen, espacio ni tiempo para que sean contrarrestados con las pruebas presentadas por Tato. A contramarcha de las definiciones internacionales se dispuso esta novedad, la que incluso generó sorpresas en el cuerpo de letrados de la Fiscalía de Estado, que comanda Víctor Ojeda desde el 10 de diciembre del año pasado como Fiscal de Estado. Otro dato llamativo del nombramiento es que el decreto firmado por Valdés, y refrendado por los ministros Juan Carlos Álvarez (Secretario General de la Gobernación) y Juan José López Desimoni (Seguridad), fue publicado en el Boletín Oficial 27.585 del 4 de mayo, es decir casi un mes después, aunque recién en los últimos días se tuvo acceso. El abogado cuyo trabajo de 1999 fue refutado desde esferas internacionales volvió al ruedo estatal, sin saber claramente bajo qué contexto y necesidad. El gobierno, conocedor de los pasos adoptados por la Cidh, avanzó sin embargo en sentido contrario. s