Rechazan el recurso de habeas corpus a un funcionario detenido

La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes rechazó solicitud de un imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario y lavado de activos en el contexto de causas en las que se investigan maniobras financieras ilegales y otros delitos por parte de una organización con posibles vinculaciones a una asociación ilícita de trata de personas. La resolución es por la acción iniciada por el aduanero Carlos Martín Dubra, quien había solicitado al Juzgado Federal de Paso de los Libres que se le permita continuar privado de la libertad en una dependencia de una fuerza de seguridad federal de esa ciudad y que se evite su traslado a la Unidad Penal Federal 28, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. La respuesta del Juzgado fue que debido a que se le denegó la excarcelación debía continuar privado de la libertad y que en Corrientes se carece de unidades carcelarias federales. Esta decisión fue apelada ante el Tribunal de Alzada, porque el traslado “significa un agravamiento de las condiciones de detención y ello resulta violatorio de los Derechos Humanos dado el hacinamiento, falta de instalaciones adecuadas, exceso de cupo, falta de higiene y espacio”. Además el procesado sostuvo que “el establecimiento -al que pretenden enviarlo- se encuentra a 900 kilómetros de sus familiares, situación que agrava aún más la detención”. Y destacó también que en la unidad de la Gendarmería Nacional de Paso de los Libres en la que se halla alojado “recibe trato digno, comida adecuada, posee condiciones de higiene y seguridad acordes a su detención, así como la visita de sus familiares”. En respuesta, la Cámara de Apelaciones rechazó el pedido al sostener que “no se advierte una amenaza actual de la libertad ambulatoria sin orden de la autoridad competente, dado que el imputado se encuentra procesado en el marco de la causa principal, y tampoco se observa por el momento un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención”. Y agregaron que “la decisión de trasladar al imputado no constituye un agravamiento de las condiciones de detención, pues por imperio legal, corresponde que las personas detenidas sean alojadas en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal”. s