Chaco Corrientes SoyNorte Club
Para ver esta nota en internet ingrese a: https://www.nortecorrientes.com/a/135403

“El dictamen es concluyente, la Corte dictará dura condena a la Argentina”

El ministro de Justicia de la Nación habló con el gobernador Valdés, pero las cosas no se corrigieron

“Este fallo es histórico, establece jurisprudencia y será, seguramente, materia de estudio de aquí en ade­lante” en los claustros uni­versitarios, afirmó el doctor Luis Alberto Feris, uno de los integrantes del cuerpo de abogados del ex goberna­dor provincial Raúl Rolan­do “Tato” Romero Feris al describir la dimensión que tiene el dictamen de la Co­misión Interamericana de Derechos Humanos (Cich) que se pronunció en forma tajante contra el Poder Judi­cial de Corrientes y ordenó cesar el agravio al que está siendo sometido Romero Feris. Al mismo tiempo, el organismo, que es un brazo surgido de la OEA y cuya opinión tiene fuerza de ley, recomendó al Estado argen­tino que “repare integral­mente las violaciones a los derechos humanos” que ha sufrido -y todavía sufre- el ex mandatario correntino, situación que no fue sub­sanada por eso el caso fue girado a la Corte Interame­ricana de Derechos Huma­nos que dictará sentencia al respecto.
“En menos de un año, muy probablemente, la Cor­te Interamericana dará un fallo condenatorio contra el país, lo que constituye un episodio de inusual gra­vedad para nuestra imagen como sociedad. La Argen­tina quedará manchada, en materia de justicia y dere­chos humanos, frente a las naciones del mundo”, dijo el abogado, quien durante la conferencia de prensa fue el encargado de brindar deta­lles técnicos de la presenta­ción que se hizo inicialmen­te, el trámite que cumplió el reclamo, el dictamen que firmó la Comisión Intera­mericana (que se reproduce en esta misma página) y las implicancias instituciona­les que habrá de acarrear el proceso que es sustancia ahora en la Corte Interame­ricana de Derechos Huma­nos, que es uno órgano que funciona (con autonomía) en la órbita de la Organiza­ción de Estados Americanos (OEA) para velar sobre dere­chos humanos.
“Cuando la Constitución Nacional cita su adhesión al Pacto de San José de Cos­ta Rica y además a la Con­vención Americana sobre Derechos Humanos le da carácter de ley suprema a las disposiciones que de allí emerjan, de tal modo que adquieren rango cons­titucional y se impone la obligación de respetarlo”, instruyó el doctor Feris en la rueda de prensa. Mencio­nó en ese contexto que las resoluciones emanadas de la Comisión Interamerica­na primero y la que vendrá -más temprano que tarde- de la Corte Interamericana no son susceptibles de in­terpretación ni de discu­sión, “son de cumplimiento irrestricto”, dijo.
—¿Es posible que la Cor­te Interamericana dicte un fallo contrario al dictamen de la Comisión Interameri­cana?, preguntó NORTE de Corrientes.
—No. Eso nunca ha ocu­rrido. Los dictámenes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tie­nen fundamento que surge de un meduloso trabajo de estudio, por eso nuestro re­clamo llevó 17 años hasta que se declaró la admisibi­lidad del planteo en el año 2015.
Durante ese tiempo hubo que aportar pruebas, que son copias de las causas.
La resolución la tomó so­bre lo que está escrito, es de­cir sobre lo actuado por los magistrados correntinos. No resuelven sobre la base de testimonios, opiniones o impresiones, se trata pues de un dictamen fundado en la causa y es contundente en el sentido de que se co­metieron vergonzosas arbi­trariedades.
—¿Puntualmente qué dice?
—Que se violó el derecho a la libertad; la presunción de inocencia, que no tuvo jueces imparciales e inde­pendientes, que no le fue garantizada la posibilidad de contar con vías recursi­vas. En definitiva, un cúmu­lo de atrocidades que hacen que todo el proceso al que fue sometido sea nulo de nulidad absoluta.
—¿Tiene que estar libre Romero Feris?
—Lo dice la Comisión Interamericana; tiene que cesar la detención arbitraria e ilegal al que está siendo sometido.
—Y por qué no se cum­ple?
—Desde el Derecho no hay forma de explicarlo. La única manera es entendien­do que hay intereses políti­cos y que hay un sistema de perverso autoritarismo del cual es parte del Poder Ju­dicial provincial. El Estado Nacional no ha podido, no ha sabido o quizás no tuvo fuerza para corregirlo y le costará muy caro