La Justicia de Corrientes es la que está en el banquillo

LOS PRINCIPALES MEDIOS DIGITALES, RADIOS Y CANALES DE TELEVI­SIÓN SE HICIERON ECO DE LA CONFERENCIA DE PRENSA.
Exposición de cinco abo­gados, además la alocución inicial de Raúl Romero Fe­ris, luego conferencia de prensa y finalmente entre­vistas particulares (mano a mano), casi tres horas de intenso tráfico de informa­ción, datos, citas, jurispru­dencia y un interrogante abierto ¿por qué se niegan a cumplir lo encomendado por la Comisión Interame­ricana de Derechos Huma­nos?
“Si me tienen preso es porque me tienen miedo, no quieren que esté en la calle junto a la gente”, ra­zonó el ex gobernador pro­vincial y dos veces inten­dente de la Capital, antes de disparar sus críticas a los funcionarios del Poder Judicial que son parte esen­cial del sistema político que ensambló Horacio Ricar­do Colombi durante tres mandatos, poder que aún controla desde la banca del Senado que hoy ocupa, acumulando cargos incom­patibles.
“Desde el Derecho no hay respuesta razonable a la detención de Romero Feris, que la Comisión Interame­ricana de Derechos Huma­nos considera arbitraria e ilegal”, dijo el abogado Luis Alberto Feris. Sus colegas se expresaron en idéntico sentido.
Los representantes de más de 30 medios de co­municación de esta capi­tal, de distintas localidades del interior y también del Chaco que estuvieron en el domicilio de calle Mendoza al 500 donde se realizó la conferencia de prensa, no hallaron explicación con­vincente al interrogante que flota en el aire: ¿Por qué la Justicia correntina se empecina en mantener de­tenido a Tato Romero Feris, violentando a sabiendas la ley?
El doctor Ramón Legui­zamón, una columna de la defensa de los Derechos Humanos en Corrientes, contó que en el inicio del proceso contra Tato, en el Superior Tribunal de Justi­cia le advirtieron que “nun­ca recibiría justicia”. El pro­nóstico, barnizado de ame­naza, se está cumpliendo rigurosamente.
En el entorno del ex go­bernador correntino con­fiesan que un ministro del STJ (de la camada actual) pidió una suerte de cola­boración para destrabar una causa. Compensación, intercambio, retribución. Ayer Tato Romero Feris adelantó que está pensan­do en un libro para contar sus vivencias, en la que se­guramente habrá un capí­tulo dedicado a la insólita propuesta que le hizo lle­gar el ministro de la Corte provincial. No obstante, la pregunta, desde el aspecto formal, sigue sin respues­tas. ¿Por qué?
Si la jueza de Ejecución de Condenas, María Teresa Zacarías, fue formalmente notificada del dictamen de la Comisión Intera­mericana y de la instan­cia de conciliación que se abrió durante varios meses ¿por qué no acata la orden del organismo internacional?
¿O la señora no tiene capacidad para entender lo que está sucediendo o actúa de mala fe o está presionada? “Es pasible del delito de prevaricato, de negación de justicia”, advirtió el abogado Jorge Alcántara.
Este diario preguntó: ¿Si el Estado argentino es la contraparte y el ministro de Justicia el encargado de enmendar el problema, con quién habló en la Provin­cia, con el Superior Tribu­nal, con la jueza de Ejecu­ción de Condena, quién es el que no acata las órdenes?
“No lo sabemos, lo con­creto es que el Estado pidió tres veces prórroga, cuan­do solicitó la cuarta, se la negaron y dieron por con­cluido el proceso”, contes­tó Luis Feris, y deslizó “el ministro habló con el go­bernador (Gustavo) Valdés, pero la corrección tiene que venir del Poder Judicial correntino”.
Claramente son los jue­ces provinciales los que ahora están en el banquillo, porque la reivindicación a Tato Romero Feris, después de tanta persecución, vino de un organismo interna­cional cuya seriedad está fuera de discusión. s