Otro descomedido argumento de la Justicia en el caso de Romero Feris

Hasta el silencio era entendible. Inapropiado para la responsabilidad que debe observar un poder del Estado, pero en definitiva ese pertinaz desatino era coherente con la conducta malsana que ha tenido la Justicia correntina respecto del tratamiento de las causas que involucran al ex gobernador provincial Raúl “Tato” Romero Feris.

Sin embargo, ayer el ministro del Superior Tribunal de Justicia Alejandro Chaín decidió hablar y dio una insólita opinión sobre la resolución que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) amonestando al Estado argentino por las graves violaciones a los derechos que han cometido en Corrientes en perjuicio de Romero Feris. Quizás hubiese sido mejor darle continuidad al silencio.

El ex fiscal Chaín, hoy integrante del quinteto de ministros que conforma el máximo órgano judicial de la provincia, dejó entrever que las disposiciones emanadas del pronunciamiento de la Comisión Interamericana no son de cumplimiento obligatorio, pues se trata -según dijo- de un dictamen y no de un fallo. En esa línea, el juez del STJ desbarrancó hacia al absurdo y parangonó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con una suerte de fiscalía que emite opinión sobre una causa. “Me cuesta explicarlo porque no soy un catedrático, tendrían que convocar a un académico en Derecho Internacional, pero lo que deben saber es que la Comisión Interamericana actúa como una fiscalía, emite dictámenes no fallos; los fallos los emite la Corte (Interamericana de Derechos Humanos) y nadie puede aseverar cuál va a ser el pronunciamiento de la Corte”, señaló Chaín en una entrevista radial.

El juez, además de exponer sus limitaciones para hacer docencia también evidenció escasa solvencia para fundamentar respuesta a la única pregunta punzante que le hizo la mesa de la tarde en FM Sudamericana: ¿Por qué la Comisión Interamericana ordena al Estado argentino reparar las violaciones a los derechos conculcados a Romero Feris? Con esto Chaín también trastabilló.

El hecho es que, luego de un trámite que llevó casi 17 años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos creada en la órbita de la Organización de Estados Americanos (OEA) determinó que la detención de Raúl Rolando Romero Feris “es injusta y arbitraria” y dispone que “cese de inmediato”. Señala además que en las causas contra el ex gobernador correntino “se vulneraron las garantías del debido proceso” y ordena al Estado argentino, que es la contraparte en el litigio, que “se reparen integralmente las violaciones a los derechos humanos cometidas contra Romero Feris, tanto en el aspecto material como inmaterial, incluyendo una justa compensación” (ver aparte).

Las órdenes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resultaron determinantes en el caso de Milagro Sala y de Santiago Maldonado, pero aquí -en Corrientes- no corren.

Sirvieron para que la Justicia de la provincia de Jujuy, por ejemplo, corrija las irregularidades cometidas, sin embargo desde la singular perspectiva del ministro del Superior Tribunal Alejandro Chaín, las decisiones del organismo no son vinculantes y constituyen algo así como una opinión preliminar. Chaín dice que hay que esperar lo que diga la Corte Interamericana.

¿Y si se pronuncia en idéntico sentido a la Comisión Interamericana? “Y bueno, habrá que ver en qué términos lo hace y después cómo se aplica, porque hay todo un protocolo para eso”, aclaró el juez, anticipando una postura que parece ser el espíritu de la Justicia correntina en los asuntos ligados a Romero Feris: desconocer toda resolución favorable, sin importar de dónde provenga, y estirar al máximo la condena aunque ésta resulte arbitraria e ilegal.

Esta premisa se corresponde con la actuación de la jueza de Ejecución de Condena, María Teresa Zacarías, que mantiene detenido al ex gobernador pese a la orden emanada de un organismo supranacional, que determinó -en forma tajante- que todo el proceso está viciado de nulidad.

La jueza Zacarías que se ha negado pertinazmente a responder a los planteamientos de los abogados de Romero Feris, tal vez ya encontró argumentos en su silencio al escuchar al “superior” Alejandro Chaín, quien adelantó juicio sobre la cuestión al desconocer la autoridad de la Comisión Interamericana. No fue la única pifia del ex fiscal, quien ya fue inhibido en su momento porque tuvo doble rol en el largo proceso judicial contra Tato. Actuó como fiscal primero y luego lo hizo como juez. Justamente por tropelías como las que cometió Chaín (entre otros) es que la Comisión Interamericana sancionó a la Argentina. Es decir que el ministro del STJ es uno de los causantes de los agravios que sufrió Romero Feris.

Desde esta perspectiva, hasta suena lógico que Chaín busque degradar la importancia del organismo internacional. Más aún, si fuese una fiscalía que solamente da una opinión, como sostiene Alejandro Chaín, eso significaría que las disposiciones de los fiscales cuando decretan medidas o se pronuncian en forma condenatoria carecen de absoluto valor. Insólito.

El ex fiscal ni siquiera reivindica su viejo cargo, con el que consiguió hacerse camino en la función judicial. Ciertamente no es éste el caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es una fiscalía, es un tribunal de alerta temprana de vigilancia de las violaciones a los derechos humanos. Más bien es un tribunal de primera instancia, que ya ha establecido una sanción a la Argentina por los desaguisados de la Justicia correntina.

Premonitoriamente, el doctor Luis Feris lo explicó el martes en la conferencia de prensa: “Si las resoluciones de la Comisión Interamericana no fuesen de aplicación obligatoria, cuál sería el sentido de que el Estado argentino asuma el rol de contraparte interviniendo en todas las instancias del proceso, con qué objetivo respondería a los pedidos, presentando sus pruebas, cuál sería la razón de someterse a litigar, para después perder. Qué sentido tiene todo esto si las resoluciones no son obligatorias”.

La respuesta está clara. Incluso Chaín, en su barullo terminó por admitir lo evidente. Dijo: “Argentina tiene varias condenas (de este tipo) en contra”. s