Los intendentes no pueden tomar más personal y deben limitarse en los gastos

La ley sancionada esta semana sobre el Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal, una vez que se promulgue facultará al Ministerio de Economía de la Provincia a verificar que las Municipalidades cumplan con las metas establecidas en cuanto a cumplimiento de cuentas fiscales, gasto público y reducción de impuestos a la producción. NORTE de Corrientes accedió al acuerdo provincial entre el Gobierno provincial y los municipios, como parte de un gran acuerdo nacional. Dentro de los compromisos, la nueva herramienta legal indica que los gobiernos municipales se comprometen a no incrementar la relación de cargos ocupados en el sector público (en planta permanente, temporaria y contratada) existente a la fecha de la firma del presente acuerdo, respecto a la población proyectada por el Indec para cada municipio. Por lo que la Provincia va a tener que regirse con las proyecciones que realiza cada mes el Indec, estimaciones de población de cada departamento, que fueron elaboradas a partir de las proyecciones provinciales del último Censo Nacional del 2010. Las excepciones al cumplimiento de esta obligación será la transferencia de servicios de un nivel a otro gobierno, cuando la misma implique el traspaso del personal para su presentación. La norma invita a las Municipalidades a adherirse para un control más exhaustivo del gasto. Esta adhesión deberá ser mediante la intervención de sus respectivos concejos deliberantes.

Las consultas realizadas a los jefes comunales de estas comunas han admiti­do que para los residentes en diversas localidades de la provincia, la principal fuente generadora de mano de obra es la administración pública. Con esta limitación que pone el acuerdo de Responsabilidad Fiscal, las comunas no podrán incre­mentar los cargos ya exis­tentes.
Sin dudas, se trata de un verdadero programa de pre­mios y castigos de la Provin­cia a los 72 municipios, que contempla un estricto régi­men de control de cuentas de gobierno municipales y apunta a regular el esque­ma de fondos. El acuerdo se diseñó sobre las bases del Consenso Fiscal que el 16 de noviembre 2017, firmó Corrientes con la Nación.
Sobre estas bases se sus­tenta el proyecto de ley de Responsabilidad Fiscal. A partir de que se ponga en vigencia la ley entrará a funcionar el Consejo Pro­vincial, el que dependerá del Ministerio de Economía y tendrá el rango institucio­nal de Dirección General. Su función será la de mo­nitorear a las municipali­dades.
Los municipios además no tomarán medidas que incrementen el gasto co­rriente con carácter per­manente durante el último semestre del año de fin de mandato del Departamen­to Ejecutivo, exceptuando aquel cuya causa originante exista con anterioridad al período indicado y su cum­plimiento sea obligatorio.
En la ley se establece que la Provincia y los muni­cipios concertarán la im­plementación de políticas tendientes a disminuir los gravámenes que recaigan sobre la producción, y ade­más se comprometen a ho­mogeneizar y armonizar las bases imponibles y alícuo­tas de las tasas. La presión tributaria total por munici­pio no podrá superar ni ser inferior en un desvío están­dar promedio de la presión tributaria municipal total a nivel provincial.
Si bien la promulgación se dará en los próximos días, desde el Ministerio de Ha­cienda indicaron que no “le ponen fecha a la consolida­ción del Consejo Provincial de Responsabilidad Fiscal”, ya que se debe dar en forma consensuada y “respetando las autonomías y caracte­rísticas particulares de cada municipio”.
En ese punto resaltó que “hay disparidad en la com­plejidad que tiene cada comuna, en cuanto a sus regímenes tributarios, la vinculación que tienen con sus contribuyentes”.
Aseguran que esta com­plejidad se da en función a las estructuras adminis­trativas, como la de comu­nas desarrolladas: Capital, Goya, Santo Tomé y simila­res, sumadas a las pequeñas y las que se crearon recien­temente, las cuales tienen en proceso de consolida­ción sus estructuras admi­nistrativas y de gestión.s

 Incumplimiento afectará  a las transferencias
El acuerdo no sólo debió ser sancionado por la Legislatura, también fue elevado a los concejos delibe­rantes para su promul­gación por ordenanza. De esta manera, el acuerdo producirá efectos sólo respecto de las jurisdicciones municipales que lo aprueben por sus res­pectivos concejos.
El Consejo de Respon­sabilidad Fiscal será la autoridad de aplicación, facultada para dictar las normas necesarias para su cumplimiento. Estará inte­grado por un representante del Gobierno provincial, un representante de cada una de las regiones definidas, el cual deberá tener el cargo de secretario de Hacienda o similar jerarquía en su mu­nicipio.
Todos tendrán derecho a un voto; pero el Gobierno provincial contará con la facultad de veto. El Consejo se reunirá por lo menos una vez al mes, sesionará válidamente con la mitad más uno de ellos. Serán los encargados de elabo­rar reglas para formula­ción de proyecciones pre­supuestarias y fijación de metas físicas. 

El órgano de contralor
El Consejo Provincial de Responsabilidad Fiscal podrá fijar sanciones ante el incumplimiento de las obligacio­nes establecidas en el acuerdo, las que podrán consistir en: divulgación de la situación del Municipio en la pági­na web de la Provincia, en un apartado especial creado a tal efecto; y limitación de las transferencias presupues­tarias del Gobierno provincial con destino a los munici­pios que no sean originadas en impuestos nacionales y provinciales coparticipables.s