Discursos sin concreciones

En el marco de un acto con empresarios, el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, y el canciller argentino Jorge Faurie resaltaron la preocupación del gobierno de Cambiemos en la observancia de los derechos humanos y aseguraron que se trata de “una política de Estado”. El encuentro se organizó para -justamente- fomentar la política de derechos humanos en las empresas del sector privado y así fue como destacaron “el rol que tradicionalmente ha mantenido la República Argentina en materia de responsabilidad corporativa”. Ahora bien, esa vocación del Estado va más allá de las corporaciones, alcanza -por ejemplo- a los sectores más vulnerables, a los ciudadanos. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad por los derechos humanos?

La pregunta es pertinente porque se sigue ventilando en distintos medios de comunicación la sanción que ha recibido la Argentina (es decir, el Estado argentino) por el incumplimiento a una serie de recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso del ex gobernador Raúl Rolando “Tato” Romero Feris. El organismo, que funciona en la órbita de la OEA, determinó que el ex mandatario correntino está detenido “ilegalmente” y que ha sufrido “violaciones a los derechos humanos” con el proceder de la Justicia de Corrientes. Pese al taxativo pronunciamiento de la Comisión Interamericana, el Gobierno argentino no remedió la situación. Es extraño, Garavano y Faurie fueron los encargados de esa tarea y consumieron casi un semestre de “conciliación amistosa” con sucesivas prórrogas; cuando pidieron la cuarta prórroga el organismo dio por concluido el trámite, dejó firme la sanción y envió el expediente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo indica que la Corte se definirá en idéntico sentido y dará una condena para el país. El cuadro es grave, sin embargo esta semana Garavano y Faurie tuvieron tiempo para los discursos. Dijo el canciller ante los empresarios: “Los argentinos hemos hecho de los Derechos Humanos una política de Estado, y esto contribuye claramente a definir nuestra identidad, además de tener un valor singular en el frente de nuestra política exterior”. En esa línea aseguró que el país “se enorgullece, ante los diversos foros internacionales y ante las demás naciones, del capital que puede exhibir en materia de compromiso” con la temática de los derechos humanos. El gobierno de Mauricio Macri tiene un Plan Nacional de Derechos Humanos 2017-2020, en el documento constitutivo dice que “Es la primera vez en la historia que Argentina afronta un desafío de esta naturaleza, demandado por el Sistema Internacional de Derechos Humanos desde 1993, y confirma así la decisión de que los derechos humanos sean una política de Estado”. Los ejes temáticos que aborda el Plan Nacional se entroncan con los objetivos de la Justicia 2020, que impulsa el Ministerio de Justicia. Dicho sea de paso, Garavano estuvo en Corrientes para su presentación. El preámbulo del Plan Nacional lo escribió Garavano y en uno de los párrafos dice: “No existe un cumplimiento efectivo de los derechos esenciales si no hay justicia. Es ese nuestro eje, el norte de nuestro trabajo”. Como discurso está bueno, pero la realidad es otra. No han cumplido con la tarea encomendada por un tribunal de la OEA, cuyas resoluciones tienen rango constitucional. El gobierno de Mauricio Macri, circunstancial administrador del Estado, se encuentra en falta y el país ya recibió sanción debido a la persecución que sufrió el ex gobernador Romero Feris por parte del Poder Judicial de Corrientes. No hay justicia en Corrientes, ergo no hay justicia en la Argentina. El Plan Nacional sirve de poco si no hay hechos concretos.s