Corrientes continúa sin tener un Protocolo de aborto no punible

A medida que se avanza en la Cámara de Senadores de la Nación con el análisis del proyecto de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, que tiene media sanción de Diputados, se caldea más el clima social y tanto los grupos que están en contra, como los que están a favor del aborto se radicalizan aún más. A propósito de esto, en los últimos días se conocieron casos de agresiones y escraches a médicos que practicaron abortos no punibles en otras provincias. En medio de esta polémica vale recordar dos puntos: que hace siete años Corrientes se declaró como provincia Pro Vida, y que a seis años del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó la implementación de protocolos hospitalarios para aborto no punible, en esta provincia nunca se acató y aún sigue siendo una deuda social pendiente. En marzo de 2012, la Suprema Corte de Justicia falló sobre la interpretación que se debe dar al artículo Nº 86 del Código Penal de la Nación, y estableció que el aborto no es punible (es decir, no es un delito) cuando la salud o la vida de la mujer están en peligro o cuando el embarazo es producto de una violación o “un atentado al pudor de una mujer idiota o demente”. En el fallo denominado “F.A.L.”, la Corte también encargó a las autoridades nacionales y provinciales la implementación de protocolos hospitalarios “para la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos”. En 2015, el Ministerio de Salud de la Nación publicó el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, que se ajusta a lo señalado por el máximo tribunal. Sin embargo, dos años después, organizaciones de la sociedad civil señalaron que “el documento carece de status de resolución ministerial (...) y no ha sido acompañado por una estrategia firme que promueva su amplia difusión y aplicación por parte de las autoridades federales”. “En Corrientes aún seguimos esperando o un decreto del Gobernador o una ley provincial que adhiera a ese Protocolo”, dijo a NORTE de Corrientes, Carolina González, militante social y de género. Corrientes, al igual que las provincias de Catamarca, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán, no cuenta con la adhesión de la provincia a la guía que se debe aplicar a nivel país por orden de la Justicia. “Pese a que en 2012 nos reunimos con un grupo de legisladoras correntinas que integraban la Banca de la Mujer, no hemos podido lograr que ninguna de ellas presente un proyecto. Después de aquella reunión que mantuvimos el 8 de noviembre de 2012, quedamos en que seríamos nuevamente convocadas para la elaboración del proyecto, pero nunca nos volvieron a llamar. Todavía seguimos esperando”, dijo González. Inclusive recordó que acompañaron el pedido de esta iniciativa con más de 500 firmas de mujeres correntinas que así lo pedían. Carolina González remarcó además que el ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, anunció durante la última reunión del Consejo Federal de Salud que tenía previsto conversar con los ministros de aquellas provincias que aún no tienen el Protocolo, “veremos qué respuesta le dan desde Corrientes, por qué aún no se hizo nada”. De todas formas, la dirigente de género persiste en que las Mujeres Autoconvocadas van a continuar insistiendo en la necesidad de que se apruebe la Despenalización del Aborto, proyecto que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados del Congreso.s