Esperan que quede sin efecto el desalojo de 12 familias en el barrio San Marcelo

Hace unas tres semanas, las familias que se instalaron y viven en un terreno que permaneció como un baldío más de 20 años en el barrio San Marcelo, recibieron las cédulas de desalojo, que tiene fecha de cumplimiento para el próximo viernes. Por el momento hay preocupación entre las familias, que aseguran resistirán el desalojo. El titular del Foro de Organizaciones Vecinales, Julio Maciel, explicó que hoy esperan entregar una nota a la fiscalía Correccional Nº 1, la cual lleva el caso del desalojo del barrio San Marcos, para buscar que el procedimiento sea frenado. “Es una situación límite, las familias no tienen a dónde ir y en su mayoría a lo largo de los años han levantado viviendas de material, el objetivo es que se pueda llegar a un acuerdo porque los habitantes del lugar están de acuerdo con comenzar a pagar por los predios que han ocupado en la zona conocida como el mangal”, explicó el referente barrial. Imputados por el delito de usurpación las 12 familias esperan que esta semana la Justicia detenga el desalojo del lugar pero en el mismo sentido remarcan que resistirán.

Otras ocupaciones

En lo que va del año, fueron desalojadas 30 familias en el barrio 17 de Agosto y 9 en el barrio Popular, todas se encuentran en situación de calle y piden que sea el estado quien les provea un terreno donde puedan levantar nuevas viviendas. En tanto, hace algunas semanas se logró frenar un desalojo de cinco familias en el barrio Molina Punta a los que se suman las 12 familias del barrio San Marcelo. “La preocupación crece porque son personas que no tienen a donde ir, llevamos contabilizadas más de 50 familias en esta situación”, remarcó Maciel, quien destacó que fue el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Manuel Cuevas, quien se encuentra buscando alternativas para lograr evitar el desalojo. Lo concreto es que se espera que en la mañana de hoy se pueda realizar la presentación formal en el juzgado de Instrucción Nº 1 en que se pueda conseguir al menos algunos días de plazo. En forma paralela, se busca avanzar en una ley provincial de regularización de tierras, la cual fue aprobada recientemente en la Cámara de Diputados y por medio de la cual se declara la utilidad pública y sujeto a expropiación de las tierras (en gran medida privadas) donde se localizan 4.416 asentamientos urbanos precarios, con el objetivo de entregarles a sus habitantes certificados de vivienda familiar. “Necesitamos tener una ley que proteja a estas personas y por eso estamos propiciando encuentros con legisladores provinciales y además esperamos que nos atienda el Gobernador para plantearle esta necesidad”, especificó Maciel. El derecho a la vivienda es lo que se pretende proteger por medio de este tipo de acciones. La realidad habitacional preocupa y no son pocos los predios privados que fueron usurpados en los últimos años, empujados por la imposibilidad de afrontar los altos costos de alquileres. s