Obligados a la marginalidad

Algunos hechos que suceden en Corrientes son tan extraños que insolentan la capacidad de asombro y entonces cualquier anormalidad se vuelve verosímil, cuando las reglas de la lógica indican todo lo contrario. Por ejemplo, en las últimas horas la Municipalidad capitalina difundió la información de que una conocida firma comercial local recibió la habilitación -formal- después de 21 años de actividad. Durante todo este tiempo se desenvolvió con un permiso provisorio en virtud de que no lograba completar el trámite de rigor; y según parece esa larga postergación no fue causa de la falta de voluntad de la empresa o ausencia de condiciones sino por las trabas que le fue imponiendo el propio municipio. El punto es que pasaron más de dos décadas desde que abrió sus puertas al público hasta que consiguió la habilitación oficial para ejercer la actividad que vino ejerciendo durante todo este tiempo. Un desquicio.

La protagonista de esta historia es la conocida firma Pacheco, que tiene un nombre ganado en el rubro de estaciones de servicios. Según cuenta la crónica oficial -difundida por el Municipio- completar el trámite de habilitación le demandó 21 años, y tan significativo resultó el logro que se hizo un mini acto y el título se lo dio el propio intendente Eduardo Tassano. La ocasión resultó propicia para que adelantaran que están trabajando “en mejorar los procesos de habilitación, ir a un esquema simplificado y en lo posible por vía digital”. ¿Cómo se entiende esto? ¿Acaso durante la gestión anterior (la de Roberto Fabián Ríos) no se había dispuesto una oficina especial con un régimen simplificado que aceleraba el trámite? Es posible que algunas de las partes no esté contando toda la verdad. El hecho incontrastable es que el grupo Pacheco tuvo que lidiar dos décadas con su habilitación comercial, eso excede largamente a la actual y a la anterior, y anterior, y anterior, gestión; la actuación se remonta así a los años de la Intervención Federal cordobesa. El episodio es suficientemente demostrativo de la ineficiencia del Estado -en Corrientes- tanto para cuidar a los vecinos como para recaudar. Durante todos estos años la firma expendió combustible y ofreció otro tipo de servicios -delicados- sin el resguardo legal y no es para dudar de las medidas de seguridad de la empresa, pero la situación constituía un riesgo. Es como si un médico, que estudio y se recibió, pero que le demoran la entrega del título, se dedica a operar. ¿Qué se diría en un caso así? No es -enteramente- la culpa del grupo empresario, el cuadro habla de la grave irresponsabilidad de las autoridades y la decadencia de las políticas públicas en la ciudad. Esto explica, en parte, por qué muchos emprendimientos comerciales se mantienen al margen de la legalidad, prefieren una suerte de clandestinidad o zona gris, con una habilitación provisoria hasta que llegue un mejor momento. Consecuencia: no hay recaudación y lo padece el fisco municipal que termina recargando al resto de los contribuyentes. Hay una mezcla de indolencia e impunidad que se emite como señal a la comunidad desde el Estado y eso desbarranca cualquier intento de alcanzar una convivencia civilizada, con reglas y dentro de la legalidad. Así las cosas no es posible esperar que se erradique el comercio ilegal que alimenta la marginalidad. Ha comenzado a notarse en las calles de la ciudad de Corrientes donde proliferan manteros y puestos informales. Desde la Came (Cámara Argentina de la Mediana Empresa) advierten que la “terrible presión impositiva” ahuyenta a los que quieren actuar dentro de lo legal, pero en Corrientes además hay que batallar contra la burocracia y la máquina de impedir. s