Desalojaron a doce familias de un predio privado en el barrio San Marcelo

En la mañana de ayer, pasadas las 7, fue montado un fuerte operativo policial en inmediaciones de las calles Yugoslavia y Cerdeña en el barrio San Marcelo. La orden de la Fiscalía Correccional Nº 1 rechazó además el pedido realizado por los ocupantes esta semana, en el que solicitaban una prórroga para el desalojo. Más de 50 efectivos de las fuerzas de seguridad blindaron la cuadra en donde desde las primeras horas de la mañana se impidió el ingreso o egreso de personas, mientras se avanzaba con la negociación entre las partes. En una primera instancia las familias solicitaron que el Gobierno les entregara viviendas, ya que no tienen dónde vivir. Situaciones de dolor se vivieron durante gran parte de la jornada en el predio donde los ocupantes, tras arribar a una promesa de entrega de casillas, decidieron comenzar con el desarme de las viviendas. Lidia tiene 45 años y junto a su marido, uno de sus hijos y su nieto de seis meses, dialogó con NORTE de Corrientes. “Entramos acá porque estábamos viviendo en la calle, nuestra situación es crítica porque no tenemos adónde ir, no nos alcanza para pagar un alquiler y nos dicen que para entregarnos una casilla tenemos que tener un terreno, pero no lo tenemos”, cuenta mientras se desmorona ante la falta de soluciones. La mujer detalla además que con esfuerzo había logrado levantar su vivienda en el lugar y que el dinero que logra conseguir por algunos trabajos esporádicos es para pagar los remedios de uno de sus hijos, que es asmático. Durante el mediodía de ayer, y tras conformar un listado de cantidad de habitantes, las familias accedieron a desarmar las precarias casillas y sacar sus cosas. Tamara tiene 25 años y también había ingresado al lugar hace poco más de dos años. Ayer, desesperada, explicó la situación límite por la que atraviesa. “No sabemos adónde vamos a ir, ni adónde vamos a llevar nuestras cosas. Nos dicen que nos van a dar casillas pero ni nos aseguran cuándo, y nos piden que les entreguemos un documento en donde se garantice que tenemos permiso para instalarnos en un lugar”, explica la joven, quien con su marido y dos hijas ayer se quedaron sin techo. Las cédulas de desalojo fueron entregadas hace poco más de un mes a los habitantes del lugar y fue durante esta semana que buscaron aplazar el desalojo por medio de un pedido realizado ante la Justicia. Fueron notificados en la mañana de ayer que fue rechazado por la justicia. Fue luego del mediodía que la negociación logró avanzar y los ocupantes del predio decidieron comenzar el desarme de las precarias casillas, lo cual se desarrolló durante varias horas ya que las familias debían juntar sus pertenencias y además desarmar las estructuras. “No sabemos adónde ir, estamos desesperados”, explicaron las familias consultadas por este matutino, mientras desarmaban sus casas. Este es el segundo desalojo de un predio privado que la Justicia ejecuta en lo que va del año, el primero fue el 13 de marzo pasado cuando la misma situación se vivió en un terreno del barrio 17 de Agosto, donde unas 50 familias que habían ingresado en agosto de 2017, fueron desalojadas y aún hoy esperan respuestas por parte del Estado. Las familias desalojadas en la jornada de ayer, como también las que fueron desalojadas del predio del barrio 17 de Agosto, volverán a reunirse para tratar de buscar una respuesta conjunta para la situación habitacional que los aqueja. El foro vecinal del barrio Ponce acompaña los reclamos. s