Legisladoras y militantes feministas defendieron el proyecto de aborto legal

A pocos días del dictamen del proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo, en Corrientes se realizó el Conversatorio Aborto Legal, a favor de la iniciativa. Unas 200 personas -la mayoría mujeres jóvenes- participaron de la actividad que estuvo a cargo de la diputada Araceli Ferreyra; la senadora Ana Almirón; la defensora de Pobres y Ausentes Nº 2, Nora Maciel; la periodista Ingrid Beck y la actriz Dolores Fonzi. La convocatoria era para realizarse en Extensión Universitaria de la Unne, y la charla giró en el análisis de la iniciativa en el contexto de la Constitución y los tratados internacionales, la objeción de conciencia, los derechos y la lucha feminista, entre otros. El Conversatorio inició con Nora Maciel, que consideró que el proyecto que es analizado en Senadores tras la media sanción en Diputados. “Pasa el test de constitucionalidad”, puesto que “no hay una sola norma en la Constitución que diga que el embrión tiene prioridad respecto de la vida de la persona gestante”. La funcionaria judicial señaló: “Este es un proyecto de ley transversal a varias disciplinas, o por lo menos así pretendió darse el debate y han pasado por el Congreso sociólogos, filósofos, médicos, biólogos, genetistas, abogados y expertos en derecho internacional”. Consideró además que el documento en cuestión, como lo hizo el fallo FAL (en 2012 la Corte Suprema de Justicia resolvió por unanimidad que las mujeres violadas, sean normales o insanas, podrán practicarse un aborto sin necesidad de autorización judicial previa ni temor a sufrir una posterior sanción penal) “rescata derechos que en nuestra Constitución y en los tratados tienen prevalencias y están relacionados con la persona gestante, con la autonomía de la persona, con la dignidad de las personas, con el derecho a la salud y con igualar los derechos entre hombres y mujeres”. También se refirió a la objeción de conciencia de profesionales de la salud señalando: “Necesitan una regulación, pero no en el ámbito de esta ley”, y agregó que el objeto de conciencia “tiene que estar identificado, y no quiere decir que esté identificado socialmente, quiere decir que a la entidad donde va a ingresar a trabajar y -sobre todo- si es una institución pública, diga cuales son los puntos de su práctica profesional que no está dispuesto a realizar, y eso debe darse antes de que se suscite el caso”. La defensora dijo: “Cuando la objeción de conciencia está librada a lo que las instituciones digan -como ocurre ahora-, es preciso regularlas. Es un derecho que se le reconoce a la persona, un derecho que le ampara para no realizar determinadas prácticas, por eso se dice que la objeción de conciencia es una cuestión manual, es decir, el acto mismo es inherente al ser humano, no puede ser alegado por una institución”. “Para hacer una regulación amplia hay que hacerlo en otro marco jurídico o relativo a la práctica que nos interesa, es perfectamente posible hacerlo en una reglamentación de la ley”, agregó. Luego habló la diputada Ferreyra, quien señaló que las clínicas que se oponen al proyecto lo hacen porque “defienden la clandestinidad y defienden el negocio”. Y además, agregó: “Porque quieren que sigamos poniendo el cuerpo y pagando con nuestras vidas y nuestra salud sus ganancias clandestinas”. La legisladora relató cómo se trabajó y consensuó el proyecto que salió con media sanción en la Cámara de Diputados y advirtió que las modificaciones que se proponen en Senadores serán acompañadas “si son para mejorar”, ya que algunas “son dilatorias”. A su turno, la senadora Almirón se refirió a la legislación argentina con respecto al embrión, al feto y a la persona nacida. “En nuestra legislación tiene una protección gradual, por lo tanto podemos decir que no es un crimen establecer la interrupción voluntaria del embarazo”, dijo. Y agregó: “Nuestro Código Civil, que se modificó en 2009, establece en su artículo 19 el comienzo de la existencia. Dice: la existencia de la persona humana comienza con la concepción, pero esta protección es gradual, y automáticamente en su artículo 21 establece que esa existencia para los derechos y obligaciones está condicionada al nacimiento con vida, sino se considerará como que esa persona nunca hubiera existido”.