Autorizan el arrendamiento de campos retenidos a banda narco

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) quedó habilitado para arrendar campos que la Justicia Federal incautó a una organización delictiva que traficaba grandes cantidades de cocaína por medio de vuelos clandestinos de avionetas provenientes de la República del Paraguay y de Bolivia hasta una estancia ubicada en la localidad de Santo Tomé. En el juicio de la causa “Narcoaviones”, el Tribunal Oral Federal de Corrientes fijó penas de 8 a 20 años de prisión a Carlos Elías Pacheco, José Alberto Velazco, Carlos Alberto Pereira, José Villán, William Hurtado Suárez, Edison Fernando Álvez Dzwieleski, Gabriel Pirro Moris, Noelia Rocío Brítez, María Hilda Calabrese, Florentino Dante Niemiz y Horacio Rubén Acosta. En la misma sentencia se ordenó el decomiso de 7.400 hectáreas y aeronaves con las que operaba la banda y en junio del año pasado se aceptó a los directivos del Inta como depositarios y administradores judiciales de los establecimientos rurales denominados “Santa María del Aguapey” y “Santa Úrsula” a fin de que esos terrenos se destinen a las actividades productivas desarrolladas en la entidad. En este contexto, el pasado 9 de agosto el mismo Tribunal autorizó a los administrativos de la organización nacional a que establezcan acuerdos con terceros para el arrendamiento de los campos correspondientes a las estancias. El fallo fue emitido tras la evaluación de propuestas de desarrollo, con planes de trabajo en los que desde el Inta se solicitó la autorización para realizar contratos de arrendamiento, régimen de capitalización, pastaje y acuerdos con terceros “tendientes a solventar los gastos de mantenimiento y explotación de la unidad agrícola ganadera entregada en depósito y administración”. En respuesta a esto los magistrados resolvieron “autorizar a los depositarios y administradores judiciales designados por el Inta a realizar contratos de arrendamiento, régimen de capitalización, pastaje y pastoreo, bajo condición resolutiva y renovables bajo el mismo régimen, atendiendo al estado del expediente”. Para ello dispusieron “la apertura de una cuenta judicial en el Banco de la Nación Argentina, sucursal más próxima al lugar de gestión, a la orden del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes”. El fallo se enmarca en los lineamientos marcados por la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Justicia de la Nación en los que se ordena a los jueces a poner en marcha mecanismos para que los bienes incautados a las organizaciones criminales -vehículos, inmuebles y emprendimientos- sean puestos a disposición de entidades estatales y organizaciones no gubernamentales con fines sociales y productivos. El 27 de junio pasado, el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Corrientes entregó al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria las estancias “Santa Úrsula” y “Santa María del Aguapey”, espacios que funcionaban como centros de recepción de acopio y almacenamiento de cocaína que ingresaba a Argentina por medio de vuelos clandestinos. En esa misma resolución ordenaron la entrega al Ministerio de Seguridad de la Nación de las aeronaves, motocicletas y automóviles que fueron incautados en el contexto de la causa “Narcoaviones”, que finalizó este año con la condena de los propietarios de los emprendimientos rurales donde funcionaban las pistas de aterrizaje. La sentencia también ordena que el dinero incautado sea depositado en una cuenta a plazo fijo en beneficio del Juzgado Federal de Paso de los Libres que llevó adelante las actuaciones de la etapa de la instrucción. Entre los considerandos, los jueces expresaron que “los inmuebles rurales fueron utilizados como centro operativo de la asociación ilícita, aprovechando su extensión superior a las siete mil hectáreas, extensión que hacía ardua toda tarea preventiva de las fuerzas de seguridad ante lo dificultoso de todo acceso, la falta de caminos, lo inhóspito del lugar y su estratégica ubicación fronteriza donde la organización recibía una importante cantidad de cocaína”. Esta causa había iniciado en 2013 cuando la Gendarmería descubrió los vuelos clandestinos e incautó cocaína en el campo.s