No hay fueros legislativos por los delitos comunes

Luego de la apari­ción de los cua­dernos “Gloria” del chofer de Ro­berto Baratta, se vuelve a agitar el tema a de los fueros parlamenta­rios y se hace una errónea interpretación de lo dis­puesto por la Constitución Nacional en su Artículo 68º, que es claro en ese sentido, al señalar que: “Ninguno de los miem­bros del Congreso de la Nación puede ser acusa­do, interrogado judicial­mente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador”.
Lo que se busca mediante esta disposición es prote­ger al senador o diputado para que pueda manifestar­se con plena libertad en el ejerció de su mandato, evi­tando que una opinión que moleste al Poder Ejecutivo o cualquier otro factor de poder, resulte una excusa para una sanción, lo que equivaldría a una censura y sería un agravio a la liber­tad de expresión.
No hace falta ser abogado para leer el Artículo 68º de la Constitución, cuyo espí­ritu en ningún caso trata de proteger a quienes cometan delitos comunes es decir actos sancionados por el Código Penal o leyes que lo complementen, máxime si se trata de delitos come­tidos en ejercicio del man­dato.
El caso concreto para analizar es el de la ex presi­denta y actual senadora na­cional, Cristina Fernández de Kirchner, cuyo desafue­ro y registro de sus domi­cilios fue solicitado por el juez federal porteño Clau­dio Bonadio como conse­cuencia de la causa judicial que propicio la información contenida en los cuader­nos que escribió -de puño y letra- Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, quien era la mano derecha de Julio De Vido en el Mi­nisterio de Planificación durante la era kirchnerista.
Está a la vista el escán­dalo. En síntesis, se trata de coimas que pagaban los empresarios disfrazando­las como aportes a la cam­paña electoral. Plata en ne­gro que entraba al circuito de los fuerzas políticas o de los candidatos o de los funcionarios. El delito se­ría de incumplimiento tributario o blanqueo de capitales.
ROBIN HOOD
Para quienes no conocen la historia novelesca de Robín Hood, digamos que era un famoso ladrón inglés que asaltaba en los cami­nos a los ricos y repartía el dinero obtenido entre los pobres.
Hay algunos que tra­tan de igualar al Estado coimero con Robín Hood, enumerando lo que se hizo de positivo durante la era kirchnerista, pero la prin­cipal diferencia es que en esta “década ganada” no se robaba a los ricos sino a todo el pueblo argentino, obteniendo dinero de las arcas publicas. Esa caja la alimentamos todos los que aportamos algo al manteni­miento del Estado.
Por otra parte, no se dis­tribuía lo robado entre los pobres sino entre los que ejercían cargos decisorios. De esta manera se desvia­ba el dinero de todos que, por ejemplo, no iba a las obras necesarias: cloacas, red de agua potable, red de gas, viviendas, o el segundo puente para Corrientes-Chaco. Así se obligaba al Estado a tomar créditos de quien sea con tal de seguir manteniendo la máquina de hacer dinero para unos pocos y cuando hay que pagar el dinero tomado en préstamo por el déficit pro­vocado por el dinero roba­do, se echa la culpa al otro y no se mira cuándo y por qué fue necesario tomar di­nero en préstamo.
La Justicia tiene la lla­ve para tratar de volver a poner al país en el camino que corresponde, donde no existan privilegios inventa­dos, y no es lo mismo prote­ger a un parlamentario por delitos comunes -cometi­dos antes y durante el ejer­cicio del mandato- que pro­tegerlo por las opiniones.s