La tortuosa testimonial en que el contador volvió a incriminar
Luciano González continuó con su declaración pero no la terminó.
El haz de luz atravesaba la tenue sala del Tribunal Oral Penal Nº 1 (TOP 1), proyectando sobre la blanca pared derecha una planilla de Excel en la que leían nombres (de personas y medios) y cifras (de 7.500 a 50.000 pesos): el contador Luciano Mario González ingresó a minutos de las 10 para retomar su testimonio luego de tres audiencias en las que se deliberó la continuidad o no de su deposición en el juicio al ex gobernador Arturo Alejandro Colombi y otros ocho ex funcionarios de su gestión (2005-2009) por la denominada Causa Publicidad. González reiteró ayer su opinión de que entre enero de 2007 y octubre de 2009 se cometieron delitos al infringirse el decreto provincial Nº 460/92 sobre contratación de publicidad. Además expuso aspectos de la pericial contable que realizó hace ya una década y mediante la cual arribó a tal conclusión. Empero, las constantes interrupciones de la defensa para formular preguntas tornó la alocución fragmentaria y descentrada. Tiene que reservarse el dinero de la imputación (preventiva) y hubo casos en que pasaron más de un año entre que se efectuó el pago y que se hizo la reserva de la plata, dijo González. El perito del Poder Judicial trabajó con una muestra de 508 expedientes de publicidad incluidos en un corpus de 1.036 documentos emitidos en dicho período al que se circunscribe la causa y sobre un total de 12.141 expedientes secuestrados por orden de la Justicia; de ese recorte el perito tomó 30 (10 de cada año) para un análisis particular. Al referirse al cúmulo de menor voluminosidad, el pesquisa afirmó que detectó irregularidades en todos ellos: hasta 20 en uno de los casos. Según el peritaje, hubo pagos que se efectuaron 324 o hasta 371 antes de que se hiciera la imputación preventiva, es decir la reserva de dinero incluido en el presupuesto de la jurisdiccional ministerial (la Secretaria General de Gobernación). Esto -junto con otras supuestas anomalías de tipo formal- configurarían una actividad delictual sistemática. No obstante, los defensores de los nueve imputados formularon a lo largo de la declaración una serie de cuestiones que truncaron el hilo conductor que el TOP 1 (presidido por la jueza Ana del Carmen Figueredo) intentó forjar mediante las preguntas iniciales al testigo. Los abogados de los encartados fueron pidiendo la palabra para pedir explicaciones sobre el procedimiento adoptado por el perito así como ciertos puntos endebles y presuntas contradicciones tanto de la prueba pericial como de su propia testimonial. La dinámica hizo que la declaración deviniera en una secuencia tortuosa donde se iba y venía entre el informe principal de la pericial y los anexos, confundiendo a los propios letrados. No tocamos un punto, lamentó González en la liminar de la finalización de la audiencia, ya con los imputados de pie y conversando entre ellos pese a estar aún presente el Tribunal. Va a tener que ser paciente y volver las veces que sea necesario, le dijo la magistrada antes de que el TOP 1 se retire del recinto. s