Negaron la devolución de dinero a procesada por delito financiero

La Sala I de la Cámara de Casación Penal de la Nación revocó un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes y en consecuencia ordenó que se retenga $1.000.000 que había sido incautado a una administrativa de la Cooperativa de Créditos Pyramis, que había sido allanada en 2015 en el contexto de una investigación por intermediación financiera no autorizada -funcionar como banco sin permiso del Estado-, entre otros delitos financieros. En el fallo los jueces Carlos Mahiques y Ana María Figueroa ordenaron “hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, anular el decisorio en crisis y en consecuencia y remitir las actuaciones al tribunal de origen a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad con la doctrina aquí sentada”. La determinación judicial significa una revocatoria a la disposición del tribunal de revisión de Corrientes que en 2016 disponía la devolución, a Ana Karina Alonso, de 1 millón de pesos que le fueran decomisados en los allanamientos realizados en el inmueble de la calle Mendoza 1017, de la ciudad de Corrientes, donde funcionaba el local “Negocios Inmobiliarios”. Esta medida había sido cuestionada por el fiscal general federal, Carlos Adolfo Schaefer, y la responsable interina de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación, Daniela Sodini. Los funcionarios sostuvieron que “la decisión en crisis luce incongruente y contraria a las normas vigentes en la materia tanto en el Código Penal como en el Código Procesal Penal de la Nación puesto que el a quo ha omitido valorar suficientemente la naturaleza y complejidad de los hechos objeto de imputación en los presentes actuados, concediéndose prematuramente la devolución del dinero, máxime cuando la causa principal se encuentra en plena etapa de instrucción”. En esta línea indicaron que “el dinero restituido habría sido utilizado como instrumento de las maniobras ilícitas investigadas en autos, circunstancia que desacredita la decisión de la Cámara a quo atento a su contenido meramente dogmático, arbitrario e infundado, carente de sustento fáctico y jurídico”. Estos planteos fueron atendidos en la Cámara de Casación desde donde se ordenó que el incidente vuelva a ser remitido al juez de primera instancia, Juan Carlos Vallejos, quien deberá ordenar las medidas necesarias para garantizar la continuidad de la investigación como también la conservación de los bienes secuestrados durante los allanamientos. s