La topadora del ajuste

El denominado Fondo Sojero ya es historia. El gobierno de Cambiemos pasó a retiro al ins­trumento de auxilio financiero (para obras de infraestructura en los municipios) que surgió al calor de la batalla que libró el campo contra el kirch­nerismo por el aumento de las retenciones a las expor­taciones agrícolas, puntualmente a la venta de soja al exterior. El programa se extendió por casi una década y sirvió, en algunos casos, de gran ayuda para hacer obras esenciales en los pueblos. Aunque la trasparen­cia de la aplicación de los recursos nunca se cumplió adecuadamente (especialmente en Corrientes), el Fon­do Federal Solidario representaba un triunfo del mode­lo federalista en la transferencia de dinero; gracias a la pertinaz lucha de los sectores productivos, asociados con muchos intenden­tes y un puñado de gobernadores, se logró que una tajada grande del dinero que el Estado Nacio­nal retiene como gravamen de las exportaciones fuera girado a las comunas del interior del país. Más allá del beneficio económi­co, tenía un valor extraordinario desde lo simbólico. Le puso coto a la voracidad del poder central y maniató el centralismo.
Tan importante en términos de mensaje conceptual fue el Fondo Federal Solidario que hasta provincias con nula participación en la producción de soja, como Corrientes, recibían una generosa porción de recursos para destinarlo a “acrecentar la infraestructura sani­taria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial, tanto en ámbitos urbanos como en los rurales, de modo de incidir significativamente en la calidad de vida de la po­blación”. Así lo definía el Decreto Nº 206/2009 que le daba creación al programa.
Sin embargo, Mauricio Macri cambió las cosas. Aca­so medidas como éstas dan explicación al nombre de “Cambiemos”. Compelido por el ajuste fiscal que le reclama el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Presidente borró con un decreto el programa de ayuda financiera que se nutría de lo producido por las ventas agrícolas al exterior. Aquella lucha, que se forjó en las rutas, en las plazas, por los hombres y mujeres de cam­po, devino en entrega. El radicalismo -integrante de Cambiemos- es partícipe de la genuflexión. La Unión Cívica Radical ha vuelto a consentir con su silencio otro guadañazo.
La provincia de Corrientes perderá unos 900 millo­nes de pesos, según lo presupuestado para este año. Lo sentirán todos los municipios, la ciudad Capital -por ejemplo- dejará de percibir $93 millones anuales; Goya $23 millones; Paso de los Libres $12 millones; Curuzú Cuatiá $10 millones, Mercedes $10 millones. La lista es larga, todas las intendencias, hasta las más pequeñas, recibían el de­rrame sojero.
Lo llamativo es que salvo un pu­ñado de intendentes no hubo que­jas ni reclamos, la mayoría lo tomó con resignación. ¿Obediencia de­bida? En el club de los mudos hay que inscribir al gobernador radical Gustavo Adolfo Valdés, su minis­tro de Hacienda, José Enrique Vaz Torres tampoco fue consultado. ¿Querrá hablar? ¿Tendrá una ex­plicación?
La estrategia, según parece, es gambetear el escarnio. En Diputados, donde se de­sarrolló un intenso debate, mandaron a comisión un proyecto de Resolución que planteaba el repudio por el ajuste. Algunos legisladores del oficialismo (es de­cir de ECO) hasta justificaron la medida. Insólito. En el Senado ni siquiera hubo sesión ayer, dicen que Ricardo Colombi sugirió pasar de largo y aprovechar el fin de semana XXL y todos se cuadraron.
Mientras se espera una señal del Gobierno provin­cial sobre cómo piensa apalancar a los municipios en este trance, el intendente Eduardo Tassano salió a ad­vertir que el recorte impactará fuerte. Y en Mercedes, los Cemborain anunciaron que irán a la Justicia. Difí­cilmente tengan suerte, pero al menos es un gesto de dignidad.