La eliminación del Fondo Sojero moviliza a gobernadores e intendentes
Buscan alternativas. La provincia de Tucumán y Resistencia acudirán a la justicia. En Corrientes el reclamo aún no avanza con fuerza.
La eliminación del Fondo Nacional Solidario (conocido como Fondo Sojero) generó una ristra de rechazos, ya que los recursos estaban destinados a la obra pública municipal, por disposición de la ley sancionada hace casi diez años.
En Corrientes el reclamo se hizo sentir desde el espacio de los intendentes (en primer lugar) y tibiamente desde el Poder Legislativo que tiene un proyecto para analizar (Diputados). Senadores, en tanto, no sesionaron ayer adelantando la semana extra larga de descanso por los dos feriados que recuerdan a San Martín.
Eduardo Tassano (Capital - Cambiemos), y Martín Ascúa (Paso de los LIbres - PJ), reclamaron por el cese del programa, y son la muestra de que la cuestión dio de lleno en el corazón financiero de las administraciones comunales.
Ascúa dijo que “la desactivación del Fondo Sojero implica la reducción de 12 millones de pesos en el año para Libres”, lo que genera un impacto relevante en la concreción de las obras públicas para la ciudad.
Quien reaccionó rápidamente fue el intendente de la capital chaqueña, Jorge Capitanich, quien afirmó que “el gobierno de Macri ha generado un récord absoluto en la ciudad de Resistencia, pues en cuatro años de gobierno habrá quitado la posibilidad de que los vecinos disfruten de 570 cuadras con la interrupción del financiamiento de Corporación Andina de Fomento (CAF), fondos nacionales programados y transferencias del Fondo Federal Solidario. Más daño ya no puede hacer y es bueno que los vecinos lo recuerden”.
En la misma sintonía, la provincia de Tucumán también avanzó con pedidos judiciales. Presentará un amparo ante la Corte Suprema para plantear la suspensión del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado por el presidente Macri.
El fiscal de Estado provincial, Daniel Leiva, dijo que la presentación se iba a realizar ayer u hoy.
Leiva dijo que la normativa “ocasiona un impacto en lo económico y una alta fricción institucional con respecto al Gobierno nacional; dispone quitarles el dinero a las provincias y hacerlo ingresar a las arcas de la Nación”.
Según adelantó Leiva, la iniciativa del Gobierno tucumano está siendo analizada por las fiscalías de Estado de otras provincias, que podrían sumarse al reclamo. s
Tucumán y Resistencia acudirán a la Justicia para la restitución.
En Corrientes aún no hay un plan de acción para el reclamo ante la Nación.