El asentamiento del Galván cumple seis años entre la ilegalidad y la necesidad

Pasaron seis años, pocos recuerdan cómo fueron los primeros días de la toma, ya que sólo pocas familias de las que ingresaron en un principio persisten desde aquellos días. Han pasado 2.190 días de ocupación y el predio se muestra en crecimiento constante. Calles internas, servicios básicos -con conexiones ilegales-, casas, casillas y un sinfín de altares se han construido a lo largo de los años. Según los datos a los que pudo acceder NORTE de Corrientes, la cantidad de habitantes del lugar fue variando, espacios que se fueron vendiendo una y otra vez son parte de la realidad del lugar, donde calculan que actualmente viven unas 300 familias. Los habitantes del espacio reconocen que es un sitio tranquilo y las personas se rebuscan para mejorar sus condiciones de vida. En los primeros años de ocupación la cantidad de familias en el predio se calculó en unas 150, en un terreno semejante a una olla, que se inundaba con facilidad, y esta era una de las causas de que muchas personas que ingresaban luego dejaban sus espacios. Con el correr del tiempo y las necesidades que apretaron en el último año y medio, el crecimiento del asentamiento fue testigo de la crisis que empuja a centenares de personas a buscar opciones para procurar un espacio donde vivir sin pagar alquiler. Las familias cuentan que los terrenos en general a lo largo de los años fueron vendidos por pocos pesos, y si bien los espacios en todos los casos son pequeños, la gente se rebusca para levantar casillas. La toma del Galván se produjo poco después de la del Pirayuí, en una Corrientes del año 2012 revolucionada por la falta de viviendas. Todo comenzó en la mañana del 21 de agosto, cuando un grupo de personas comenzó a ingresar al espacio, hubo guardia policial y hasta un móvil sanitario, que se instaló en el lugar para evitar que el predio siguiera poblándose de ocupantes, pero quienes ingresaban lo hacían seguros de que se quedarían. Solo hicieron falta unos pocos días para que todo se calmara, la policía se retiró y, si bien sobre la ocupación se abrió una causa judicial, la misma tuvo pocas novedades en los últimos años. Los pocos habitantes originarios saben que se encuentran imputados por el delito de usurpación, fueron citados a declarar en varias oportunidades, pero la causa no se movió y la posibilidad de desalojo se fue desvaneciendo. Pasaron seis años y quienes viven en el lugar aseguraron que no se moverán, y planifican cómo mejorar sus viviendas; mientras que otros esperan estar sólo de paso. s