Impulsan cambios en la Policía, tras las protestas vecinales por la inseguridad

La Policía de Corrientes oficializará una reestructuración de áreas operativas, tras el pedido vecinal por los recurrentes hechos de inseguridad en la capital correntina, que aumentó tras el fallecimiento de Roxana Dalpozzolo, vecina del barrio San Gerónimo, que murió tras ser atropellada por un dúo de asaltantes que se movilizaban en una motocicleta.

Fuentes oficiales informaron, a NORTE de Corrientes, que “esta semana se oficializará la designación de un coordinador general que estará a cargo de las operaciones en los barrios”. El hombre designado para tal tarea será el comisario mayor Isidro Rodríguez, un oficial recién ascendido, que se desempeñó hasta hace pocos días como uno de los encargados de dirigir un sector de los Grupos de Intervención Rápida, trascendió desde el Ministerio de Seguridad de la provincia.

Lo que se pretende desde el área, que está a cargo de Juan José López Desimoni, es encausar la escasa organización en las actividades que deben desarrollar los equipos que tienen el rol de prevenir delitos. Desde el Gobierno advirtieron que, como consecuencia de la falta de orden en la política preventiva, los vecinos quedaban a merced de los delincuentes que, a toda hora del día, cometen arrebatos y robos, en ocasiones con exagerada violencia.

La situación generó el enojo de los vecinos. Es así que en los barrios de la capital se organizaron reclamos, reuniones con autoridades policiales y hasta una marcha de silencio por la muerte de una vecina, la que falleció después de que la moto en la que viajaba fuera embestida por delincuentes que escapaban tras cometer un robo. La solución a la que echó mano López Desimoni, para aplacar el descontento social, es crear una nueva Dirección en la Jefatura de Policía, la que estará a cargo de un “coordinador general de Grupos de Intervención Rápida”.

El funcionario designado tendrá la misión de organizar las actividades que realizan los mencionados grupos, ambas divisiones creadas durante el gobierno anterior, cuando Pedro Braillard Poccard ocupaba el Ministerio de Seguridad se creó el Grupo de Intervención Inmediata Motorizada (Grim) que, según se dijo, tenía como misión la prevención de los arrebatos. La idea era trabajar en las zonas calientes. Al primer Grim le siguió otro, luego otro y otro, así hasta llegar a 5 grupos. El remedio no fue efectivo, ya que los hechos delictivos fueron en expansión hacia otros barrios, pero con mayor violencia.

Ya con la administración gubernamental actual, en abril pasado, el gobernador Gustavo Valdés creó también la División Antiarrebatos, que está dirigida por el comisario Marcos Toledo (estrechamente vinculado al ex gobernador Colombi). Hasta el presente esa División no marcó ningún gol significativo. Para ajustar la puntería, desde el Gobierno se decidió ampliar la estructura policial. “No se trata de un cambio de autoridades, sino de una reestructuración destinada a mejorar el trabajo en el territorio”, aclaró un funcionario policial consultado por este medio, y que pidió reservar su identidad. El mismo reconoció que “existe poco control en el personal”. Lo que se advierte es que los altos mandos desconocen si los numerarios policiales efectivamente realizan las tareas que se les asigna, como los patrullajes en los barrios periféricos. El mensaje que había dado el actual jefe de Policía, Félix Barboza, al asumir, fue que pretendía aumentar la presencia de policías en la calle y fortalecer el contacto entre estos y los vecinos, como una estrategia para prevenir hechos delictivos, pero también para garantizar que todos los efectivos cumplan con la tarea asignada.

En este sentido, ordenó a los oficiales dejar las oficinas para acompañar al personal a su cargo en las recorridas por las calles, para que de esta forma se garantice el servicio de seguridad. Aparentemente, el fin perseguido no se cumplió, por lo que se le designará esa actividad a quien asumirá en la nueva dependencia policial. Por otra parte, la creación de una nueva Dirección policial estaría orientada a designar actividades a los oficiales que ascendieron recientemente y que carecen de función designada. Esto es porque, en junio pasado, unos 360 oficiales y 1.486 suboficiales fueron ascendidos al grado superior, por lo que habría quienes aún carecen de función designada.

Enojo familiar

La crisis de seguridad se agrava -además- por la falta de herramientas materiales y jurídicas para que los policías puedan realizar sus actividades. Así lo expusieron los familiares de los efectivos de la Policía y del Servicio Penitenciario, durante una manifestación que se realizó el sábado en la plaza 25 de Mayo, frente a la Casa de Gobierno. En la oportunidad presentaron un pedido de “apoyo oficial real” a los trabajadores de la seguridad, por parte de los funcionarios estatales.s