Plan Costero: La Red Vecinal Norte pide participación ciudadana y equidad social

EL PLAN COSTERO y EL DERECHO A LA CIUDAD

Luego de la reunión hecha la semana pasada en la Casa Paraguaya de Corrientes, en relación al denominado Plan Costero que se proyecta desde la Municipalidad de Corrientes, la Red Vecinal Zona Norte (en adelante RVZN) declara lo siguiente 

1. Su interés en el desarrollo equilibrado de una de las ciudades más pobres de la Argentina, que a su vez tiene enormes desigualdades internas entre el centro (dentro de las 4 Avenidas) y la periferia1. Tal como indica el proyecto de Ordenanza que se promueve: “Una ciudad donde se apueste al bienestar de los vecinos, a partir de su integración social que comprenda: salud, deportes, seguridad, educación y cultura”.

2. La importancia de aprovechar los alcances e impacto del Plan Costero para generar un espacio de consulta popular que involucre a todos los sectores afectados: vecinos y organizaciones barriales, profesionales y organizaciones específicas, intelectuales, partidos y agrupaciones políticas, inversores inmobiliarios locales, Universidad, etc.; más aun teniendo en cuenta que en el proyecto oficial de Ordenanza hace hincapié en “una Ciudad Sustentable que nos permita desarrollarnos plenamente a todos sin comprometer a las generaciones futuras”.

3. Anteponer la participación ciudadana a la premura con que se gestiona la sanción de una Ordenanza, que deja así a un segundo o tercer plano la opinión de la ciudadanía, lo que debilita la democracia y el Gobierno local en lugar de fortalecerlos. Para guardar coherencia con lo que dice la proyectada Ordenanza: “una Ciudad Amigable que propicia un territorio urbano donde existan espacios en los que se produzca el encuentro ciudadano, apostando a la calidad de vida de todos sus ciudadanos y el desarrollo de los mismos”.

4. Los alcances económicos, urbanos, geográficos, humanos y ecológicos del Plan municipal en el área a intervenir e indirectamente en el conjunto de la ciudad exigen la convocatoria a una Audiencia Pública, que sea fiel reflejo de la diversidad de opiniones que seguramente existe en la población, tal como se puede constatar en las redes sociales a poco de dar los primeros pasos de este Plan. Audiencia que deberá ir acompañada de la suficiente información para que los ciudadanos tengan plenas garantías, en el caso de que el Plan sea llevado adelante y al mismo tiempo lo suficientemente flexible para introducir las modificaciones que de dicha Audiencia pudieran surgir.

5. El cumplimiento irrestricto de la Ley es garantía de que la población correntina asuma el Plan Costero como propio, lo que le dará consistencia urbana, social y ambiental, más allá de sus efectos físicos. La aplicación de la Ley provincial 5.067 de Impacto Ambiental, así como la participación de entidades competentes en materia de Planeamiento y Preservación del Patrimonio.

6. La infraestructura y el desarrollo urbano en una de las zonas que más goza de tales atributos nos hace pensar que, de no tomarse los recaudos necesarios en materia de políticas públicas por parte de la Municipalidad, se puede correr el riesgo de acentuar y agravar las desigualdades entre el centro y la periferia de la ciudad. A modo de ejemplo, la RVZN recientemente ha presentado a la Municipalidad un Petitorio sobre necesidades que se vuelven perentorias en una zona que comprende más de 15 barrios, entre los más pobres de la ciudad de Corrientes. Red vial, saneamiento, espacios verdes, etc., lo que implicaría una inversión pública y/o privada muy alejada de la estimada en el Plan Costero. Dicho Petitorio se propone como un Programa de Mejoramiento Barrial (PROMEBA) para la zona norte, lo que ayudaría a reducir las desigualdades internas, integrar esta zona al conjunto urbano, es decir “El Derecho a la Ciudad”.

7. El espacio público está reiteradamente citado en el proyecto de Ordenanza. Ya es hora de que la ciudad advierta el grave déficit de espacio público que afecta la calidad de vida de miles de habitantes. Las políticas públicas en la materia deben ser coherentes, para que no se trate sólo de discursos que están a la moda. Barrios enteros que carecen de una plaza, un parque, algún paseo que ayude a mitigar la pobreza y la exclusión del Derecho a la Ciudad, el disfrute de espacios verdes de calidad, no sólo “plazas para pobres”, deslucidas y raquíticas en comparación con las del centro. La RVZN algo sabe del tema, porque ha nacido del conflicto para preservar y posteriormente recuperar el espacio destinado a la creación del Eco Parque

Hipódromo; ha producido un libro sobre el tema (“Qué hacer con el espacio público”), una encuesta de vecinos, y sigue dedicándose a impulsar otros espacios verdes en la zona.

8. En la entrevista que mantuviera la RVZN con el Intendente, el jefe comunal habló de la proyección de “nuevas centralidades” en la ciudad2. Sin embargo, el Plan Costero no estaría creando una nueva centralidad sino enriqueciendo la existente, a riesgo de saturar los servicios disponibles en esa misma área3.

9. Los funcionarios hablan de manera entusiasta sobre la oportunidad inigualable de convertir a Corrientes en “una ciudad súper turística”. No tenemos dudas de que poseemos un potencial extraordinario de Naturaleza, Historia y Tradición, que constituye un capital que podría sacarnos poco a poco de la pobreza estructural, aplicado de manera sustentable y a condición de que nos preparemos para la oportunidad4. Paradójicamente, esta ribera norte, más que dar la espalda al río da la espalda al desarrollo: aquí es donde abunda la villa miseria (“asentamientos precarios”) y escasean los servicios, la infraestructura y el espacio público, siendo paradójicamente una de las zonas con mayor actividad comercial y la poca que existe a nivel industrial, bordeando el tramo vial de las avenidas Gobernador Ruiz, Armenia y Libertad.

10. A pesar de las carencias, las desigualdades y los desequilibrios, la Red Vecinal Zona Norte aspira a que no se deje pasar esta oportunidad, adecuando los instrumentos participativos, legales y normativos para que el llamado Plan Costero sea “Una oportunidad para todos”.

11. Para ello, se propone la creación de un sistema de compensación que nos permita a todos gozar indirectamente de las ventajas que redundará directamente en beneficio de los inversores privados. Los instrumentos disponibles o a crear son diversos y, como toda propuesta se ofrece para la discusión entre todos los actores implicados.

12. Por último, cabe aclarar que no estamos en contra del progreso, pero que no se puede hablar de progreso como si estuviéramos en el siglo XIX. El progreso está discapacitado si desconoce El Derecho a la Ciudad, es decir la posibilidad de que la ciudadanía toda participe en la producción y el uso del espacio urbano, teniendo en cuenta la inclusión social, el equilibrio urbano y ambiental, una armonía a la que se debe aspirar como horizonte emancipador… lo que en nuestra cultura constituye la llamada “Tierra Sin Mal”. 

El “Derecho a la Ciudad” no es una propuesta nueva. El término apareció en 1968 cuando el francés Henri Lefebvre escribió su libro Derecho a la Ciudad tomando en cuenta el impacto negativo sufrido por las ciudades en países con economía capitalista, convirtiéndolas en una mercancía al servicio exclusivo de los intereses del capital a través de la privatización de los espacios urbanos, la expulsión de la clase obrera del centro de la ciudad, la precarización de sus condiciones de vida, todo lo cual provocaba la desintegración de la ciudad como proyecto de desarrollo colectivo.

En América Latina, un amplio número de organizaciones sociales, académicos y activistas, articulados dentro de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC), han elaborado la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, que propone tres ejes:

* Ejercicio pleno de la ciudadanía, de todos los derechos humanos que aseguren el bienestar colectivo de las y los habitantes y la producción y gestión social del hábitat;

* La gestión democrática de la ciudad, a través de la participación social directa en el planeamiento y gobierno de las ciudades, fortaleciendo así a los gobiernos locales como a las organizaciones sociales;

* La función social de la propiedad y de la ciudad predominando el bien común sobre el derecho individual, lo que implica el uso socialmente justo y ambientalmente democrático y sustentable del espacio urbano.

Corrientes, 20 de agosto de 2018