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Procesan a ex funcionario de Curuzú que acumuló fortuna durante su gestión

Ex secretario y su pareja permanecen detenidos en la comisaría curuzucuateña. Ella está acusada de prestar su nombre para comprar inmuebles.

El titular del Juzgado de Instrucción y Correccional de Curuzú Cuatiá, Martín José Vega, dispuso ayer un nuevo procesamiento del ex secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Curuzú Cuatiá, abogado Ramón Eduardo Ocampo. El ex funcionario está acusado de enriquecimiento Ilícito y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; y su pareja, Anabella Aranguiz, es acusada de haber sido la prestanombre para la maniobra ilícita del enriquecimiento y de la compra de bienes inmuebles. Ambos están detenidos en la Comisaría Primera de Curuzú Cuatiá, desde diciembre pasado. El mencionado procesamiento se suma a los que se dictara este mismo año por los delitos de hurto de energía eléctrica y portación de arma de fuego, contra el mismo ex funcionario, y que se encuentran firmes y en trámite de realización del juicio. Aunque en la oportunidad actual, el magistrado ha considerado acreditado provisionalmente que el nombrado incurrió en los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y enriquecimiento ilícito en concurso real en calidad de autor material. Asimismo, también se dictó auto de procesamiento y prisión preventiva contra Aranguiz por considerar que incurrió en la comisión de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en carácter de partícipe necesaria y enriquecimiento ilícito en calidad de persona interpuesta en concurso real, tal cual informaron altas fuentes a NORTE de Corrientes.

Bienes injustificables

El juez encontró debidamente acreditado que “Ocampo se desempeñó como funcionario público de la Municipalidad de Curuzú Cuatiá, desarrollando una actividad política que le permitió ir ocupando diferentes cargos públicos a lo largo del tiempo, y que los ingresos económicos legítimos percibidos por dicho funcionario -si bien podían permitir la satisfacción de sus necesidades- no constituían un caudal que convierta al mismo en una persona de fortuna, con posibilidades de grandes inversiones. Sin embargo, el mismo logró acumular una fortuna que se reveló en la inversión inmobiliaria emprendida que consiste en un inmueble con 15 departamentos o unidades habitacionales en construcción avanzada y dos locales comerciales con frente a la calle más céntrica y comercialmente más rentable de la ciudad, además de vehículos automotores de elevado costo y otras inversiones en investigación”, dijeron a este diario. A la par, se consideró probado que el procesado mantenía relación de pareja con Aranguiz, quien “resultó de capital importancia para que el primero pudiera implementar una maniobra de ocultamiento de la titularidad de los bienes adquiridos. Se indicó que el plan de los imputados consistió en simular la propiedad de bienes adquiridos por Ocampo haciéndolos pasar como de propiedad de Aranguiz, pues sabían que el primero no podría justificar la legitimidad de los fondos o recursos que utilizó para su adquisición. También se consideró que Ocampo actuó en complicidad con un agente municipal bajo su órbita, e intervino aprobando el plano, la inspección de obra, la liquidación de los derechos y tasas municipales a cobrar y autorizando por ende la ejecución de la obra de su emprendimiento inmobiliario, en un inequívoco alzamiento contra toda norma de imparcialidad y decencia, ya que sabía perfectamente que se trataba de un inmueble y una obra de su propiedad y debía excusarse de intervenir”, ratificaron desde el área, y agregaron que son “graves delitos dolosos contra el Estado”. Se ha contado con la colaboración de la División Anticorrupción de la Policía Federal Argentina. Los bienes detectados que se considera que integran el enriquecimiento ilícito, se encuentran embargados por la Justicia y sujetos a decomiso en caso de recaer condena. Desde el Juzgado tampoco descartan la ampliación de imputaciones hacia nuevos partícipes y la detección de más hechos presumiblemente ilícitos.s