La historia que se repite

Tratar de recuperar la credibilidad de las instituciones de la República es sin duda el desafío mayor que enfrenta la democracia argentina. Más allá de la debacle económica, que acelera el derrape social, a su vez causante de un sinfín de riesgosas consecuencias, el objetivo prioritario es restituir con vigor un modelo de civilidad que el país ha perdido y que es, justamente, el origen de todos los pesares. Alcanzar esa meta es tarea de todos los argentinos -cada uno acarrea una parte de responsabilidad en el extravío colectivo-, pero es la clase dirigente la que tiene la mayor obligación y, entre ellos, los políticos los encargados de la faena principal. No hay democracia posible sin políticos honestos, respetuosos de la Constitución y las leyes, consagrados al bien común. Si estos ejemplos no se derraman cotidianamente el sistema termina corroído por los intereses, el individualismo, la soberbia, el revanchismo.

La grieta que atraviesa a la sociedad argentina es la secuela de un modelo corrupto, edificado sobre pliegues defectuosos que se fueron ensamblando a espaldas de la legalidad. En ambas orillas hay verdades y falsedades en igual proporción y devotos que profesan su fe con la cerrazón propia del fanatismo. La sesión de ayer en el Senado de la Nación, en la que se resolvió autorizar los allanamientos judiciales a los domicilios de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, constituye una buena muestra del sistema democrático enclenque, dominado por los adalides de la grieta que tienen, según las circunstancias, un discurso que se amolda a la necesidad. La noticia es que por 67 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, es decir por unanimidad de los senadores presentes, el cuerpo aprobó un despacho del oficialismo por el cual se le da luz verde al juez federal Claudio Bonadio -cancerbero judicial del kirchnerismo- a allanar las viviendas y oficinas de la ex mandataria nacional. Se trata de un hecho inédito y (aunque resulte contradictorio) al mismo tiempo baladí. No era necesaria la autorización, Bonadio tiene facultades para investigar. Los fueros legislativos están contemplados para otras circunstancias, para evitar la censura y la detención arbitraria, por los demás un senador o un diputado puede ser investigado (y hasta procesado) sin obstáculos. “Estamos perdiendo el tiempo con esto, es innecesario”, dijo el ex kirchnerista Miguel Pichetto en una de las pocas verdades que deslizó durante su intervención, dedicada mayormente a contestar las chicanas que antes le había dispensado CFK. Así las cosas, la sesión en el Senado fue como una gran puesta en escena. Adecuada para el rating televisivo y el show de la política. Durante un par de horas, la Casa Rosada tuvo alivio de la situación económica. “Esto no es justicia, es persecución”, dijo la ex presidenta en su monólogo desde la banca. La señora ya había dado su consentimiento para los allanamientos (y hasta ella misma votó afirmativamente) de tal modo que la discusión era innocua, pero así y todo se discutió en el recinto y tuvo oportunidad de su alegato que, ciertamente, es atendible. El problema es que su discurso, reivindicatorio de la presunción de inocencia, contrasta con el que sostenía -por ejemplo- en 2001 cuando impidió el acceso al Senado de Raúl “Tato” Romero Feris. El 14 de diciembre de 2001, la entonces senadora, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, escribió una carta justificando su negativa, que decía: “La República necesita no solamente nuevos senadores sino un nuevo Senado”. Llamativamente Pichetto, que ya entonces era senador, consintió esta burla y ayer, en su rol de albaceas de la legalidad, olvidó ese pasado. Entre ellos ahora hay una grieta, dentro de la otra grieta mayor. “La historia se repite dos veces, primero como tragedia y luego como farsa”, dijo Carlos Marx. s