Caso Yésica: fijaron una caución real de $100.000 para liberar a los imputados

El juez de Instrucción de Esquina fijó una caución de $100.000 a cada uno a los cuatro imputados por el crimen de la adolescente Yésica Muñoz, hallada muerta en un descampado de esa ciudad en 2015. La resolución del magistrado es en cumplimiento de una sentencia de la Cámara de Apelaciones de Mercedes que otorgó la eximición de prisión a los sospechosos de haber ultrajado y matado a la adolescente de 16 años. La medida del juez Gustavo Vallejos condiciona la liberación de Marcelo Sandoval, Cristian Franco, Carlos Franco y Osvaldo Navarro, al depósito del dinero y al cumplimiento de “pautas de comportamiento”. Los cuatro están apresados desde el día posterior al hallazgo del cadáver de la joven, imputados por el delito de “abuso sexual con acceso carnal calificado, homicidio triplemente calificado, por el número de persona, criminis causa -matar para ocultar otro delito- y feminicidio, agravado por la participación de un menor, todo en concurso real”. En la medida el magistrado resolvió “hacer lugar al cese de prisión peticionado por la defensa técnica en favor de Marcelo Sandoval, Cristian Franco, Carlos Franco y Osvaldo Navarro, bajo caución real de $100.000 para cada imputado”. Además el funcionario judicial resolvió “fijar pautas de conducta consistentes en fijar domicilio el cual no podrá variar sin autorización judicial” y, por lo tanto, no podrán salir del país sin previa autorización judicial. Los sospechosos también quedan obligados a comunicar al tribunal “cualquier circunstancia que lo obligue a modificar su actual domicilio, incluso si es temporaria, debiendo ordenarse un seguimiento socioambiental que deberá realizarse cada 15 días”. La medida judicial que los favorece caerá si evitan asistir semanalmente al juzgado a firmar un acta y si alguno de ellos comete un nuevo delito. Otra de las condiciones para que puedan recuperar la libertad es la de “someterse a un tratamiento psicológico en forma mensual a realizarse en hospital público”, pero también se les prohibió el consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes. Entre otras medidas, el juez obliga a los imputados a “no acercarse a una distancia de 200 metros del domicilio de los testigos”, pero aclara que “en el supuesto de encontrarse con algunos de los testigos casualmente en la vía pública u otro lugar, deberán alejarse de los mismos y evitar todo tipo de trato y diálogo con ellos hasta tanto se resuelva la situación legal definitiva de los encartados en el contexto de la causa”. El juez también prohibió que los sospechosos se comuniquen con los testigos, por cualquier vía. Una fuente judicial aclaró que “la caución es la suma que deben depositar los imputados para recuperar la libertad. Pero, hasta que esto se concrete y sea aceptado, continuarán detenidos”. Actualmente los cuatro están alojados en dos comisarías de la ciudad de Esquina, donde aguardan que sus allegados recauden la suma establecida por el juez. Hace dos semanas, la Cámara de Apelaciones de Mercedes dio lugar a una presentación de las defensas de los imputados en la que solicitaban las liberaciones, fundamentados en que hace más de tres años que permanecen presos sin sentencia firme. En la resolución los jueces Carlos Antonio Martínez, Jorge Alberto Esper y Enrique Eduardo Deniri revocaron un fallo de primera instancia en el que se había ratificado la prisión preventiva. Los sospechosos fueron beneficiados con la excarcelación después de que la causa en la que están imputados casi llega a etapa de debate oral y público. Fue el año pasado, cuando la investigación fue cerrada por el fiscal de Instrucción Carlos Gallardo y el juez Vallejos firmó la elevación de la causa a juicio. Pero, cuando el expediente llegó al Tribunal Oral Penal de Goya, la causa judicial ya había sido elevada a debate oral y público. Pero, el Tribunal Oral Penal de Goya, los abogados defensores realizaron un planteo respecto a las dudas en los resultados de los informes genéticos incorporados a la causa. Estas muestras habrían sido obtenidas del cuerpo de la víctima y debían ser comparadas con las tomadas a los sospechosos. Los letrados expusieron que el fiscal de Instrucción, Carlos Gallardo, había solicitado la elevación de la causa a juicio al considerar que ya existían pruebas suficientes para establecer inequívocamente la responsabilidad de los imputados con relación al hecho criminal. El juez Gustavo Vallejos, sostenido en los fundamentos del fiscal elevó la causa a juicio, pero para los defensores esta situación podría afectar al derecho de defensa. Tras analizar la situación, en aquella oportunidad, los jueces Julio Duarte, Romelio Díaz Colodrero y José Acosta resolvieron que el expediente vuelva al juzgado de Instrucción y evitaron el inicio del debate oral y público sobre la base de la posible existencia de errores procesales en la etapa de instrucción.s