Chaco Corrientes SoyNorte Club
Para ver esta nota en internet ingrese a: https://www.nortecorrientes.com/a/137581

Desarrollo a los bastonazos

El plan costero, que encierra un negocio inmobiliario, debería ser el fruto de un consenso, no de la imposición de una mayoría circunstancial.

No es una regla absoluta, pero la experiencia fundada en abultada acumulación de antecedentes a lo largo de la historia política indica que cuando una medida de orden público nace al resguardo de los bastones y los escudos de una fuerza de seguridad, seguramente consagra algún despojo, una conculcación, un atropello o arbitrariedad. Si la Policía es el respaldo necesario para lacrar de legalidad una decisión que no ha conseguido basamento en el consenso social, hay una injusticia germinando a partir de ese acto. Y se sabe, no siempre todo lo legal es justo y en muchas ocasiones lo que es justo no encuentra imperio en la ley. Ayer, el Concejo Deliberante de Corrientes necesitó de la intervención policial para sancionar una ordenanza que abre la puerta al Plan de Desarrollo Costero.

En el marco de una sesión agitada el oficialismo concretó una modificación al Código de Planeamiento Urbano para habilitar la ejecución de un megaproyecto del que poco se conoce oficialmente hasta el momento. Con la excusa de la urbanización de la ribera correntina y para montar un balcón al Paraná, se pretende enajenar bienes del Estado nacional y provincial, transfiriendo al sector privado un activo multimillonario, con el agravante de la reformulación inconsulta del diseño ambiental, paisajístico y social de una enorme franja de la ciudad que alberga a edificios de valor histórico. La ausencia de transparencia sobre los detalles del proyecto alimenta la sospecha de un gran negocio de los desarrolladores inmobiliarios a expensas de los bienes públicos. El sistema de Participación Público Privado (PPP) sería la herramienta para llevar adelante la iniciativa. ¿Y qué ganan los vecinos? Un lugar de paseo con vista al río. Es bastante poco en compensación con lo que piensa ceder el Estado, sobre todo porque la avenida costanera ya ofrece un magnífico acceso visual al Paraná. El plan, que tiene alineadas a la Nación, la Provincia y a la Municipalidad de Corrientes, por el momento se sustenta más en versiones que en datos firmes, aunque la Intendencia presentó un proyecto identificando los lugares donde piensan intervenir (a las que denomina Unidades de Gestión), lo cierto es que no ofrece precisiones sobre lo que habrán de demoler y lo que quieren construir. Por ahora no hay nada, solamente un idea. Esta es la razón por la que la ordenanza que sancionó ayer el Concejo Deliberante (por una exigua diferencia en la votación, 9 a favor y 8 en contra) tiene una debilidad intrínseca. Carece de fundamentos, asoma como apresurada y excesiva en la amplitud de potestades para los constructores. Según el intendente Tassano, el Plan de Desarrollo Costero contempla intervenir “en terrenos vedados a los vecinos y que serán convertidos en un 85% en espacios públicos”. Todavía no es tiempo para un plan maestro, por eso aclaró que la ordenanza (que se aprobó ayer con la Policía custodiando el recinto) “es un marco general, después se elaborarán los proyectos para afinar la puntería, darle seriedad al proyecto (sic)”. Parafraseando al intendente, el casillero de la “seriedad” todavía está vacío. El proceso lógico sería, primero exponer con claridad y precisión el plan de obras a ejecutar, y luego, en función de esa maqueta, disponer las modificaciones legales que sean pertinentes y otorgar las autorizaciones correspondientes. Ese proceso -que es inverso al que encaró el Departamento Ejecutivo y el oficialismo en el Concejo Deliberante- demanda un examen exhaustivo, estudios técnicos, evaluación de impacto ambiental y social, conveniencia económica, audiencias públicas y hasta llegado el caso, una consulta a la ciudadanía. Los bienes del Estado que piensan enajenar, pero especialmente la costanera, es de todos los correntinos, no de un puñado de funcionarios. s