Causa Yésica: imputado sin posibilidad de quedar libre por tener antecedentes

Uno de los detenidos por la causa iniciada por el feminicidio de la adolescente Yésica Muñoz, permanecerá encarcelado pese a que la Cámara de Apelaciones de Mercedes dio lugar a una apelación que favorece su liberación. Se trata de Marcelo Sandoval, quien tiene antecedentes penales y una causa con sentencia firme, pero además carece de un garante que aporte los $100.000 fijados como caución real, ni tampoco familiares que garanticen su buena conducta durante el tiempo que dure el proceso judicial. El juez de Instrucción de Esquina, Gustavo Vallejos, confirmó que la medida de liberación fue emitida para los cuatro detenidos, pero aclaró que “uno de ellos no va a poder salir en libertad a pesar de la caución porque tiene condena firme por otro delito”. Otro de los inconvenientes que imposibilitaría la salida del imputado es que sus familiares se niegan a hacerse cargo de su guarda y tampoco están dispuestos a realizar el depósito económico para pagar la fianza. Lo consideran un joven problemático por sus antecedentes de violencia. El joven continuaría alojado en una comisaría de la ciudad de Esquina a la espera de que la causa se eleve a juicio oral y público. Hasta el momento es el único defendido por un abogado oficial. En tanto, la abogada Susana Fasola se presentó en el Juzgado de Instrucción para informar que representará a los hermanos Cristian y Carlos Franco, quienes hasta ahora estaban con asesoría de un abogado oficial. En tanto, Osvaldo Navarro, otro de los imputados y defendido por Alberto Boari, aguarda que sus allegados aporten el dinero fijado como fianza. La medida de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Mercedes concedió la libertad a los cuatro acusados por el crimen de la adolescente Yésica Muñoz, abusada y asesinada en un descampado de la ciudad de Esquina en mayo de 2015. En la resolución, los jueces de la Cámara, Carlos Antonio Martínez, Jorge Alberto Esper y Enrique Eduardo Deniri, ordenaron liberar a los imputados debido a que estuvieron más de tres años detenidos sin condena. De esta forma, el Tribunal de Revisión revocó un fallo de primera instancia en el que se había ratificado la prisión preventiva. Pero, al resolver el planteo y devolver el expediente al Juzgado de Primera Instancia, le facultó al magistrado de primera instancia a imponer condiciones para que se haga efectiva la resolución. Es por ello que el juez Gustavo Vallejos fijó una caución real de $100.000 para cada uno de los involucrados, “pero además se fijó una serie de pautas de conducta tendientes a proteger a los testigos, que son importantes para la causa’. Entre algunas medidas los conmina a “no acercarse a una distancia de 200 metros del domicilio de los testigos”, pero aclara que “en el supuesto de encontrarse con algunos de los testigos casualmente en la vía pública u otro lugar, deberán alejarse de los mismos y evitar todo tipo de trato y diálogo con ellos hasta tanto se resuelva la situación legal definitiva de los encartados en el contexto de la causa“. El juez también prohibió que los sospechosos se comuniquen con los testigos, por cualquier vía. El magistrado, sin embargo, sostuvo que si bien la resolución de la Cámara está firme, “los imputados no tienen plazos, cuando cumplimenten la caución se va a hacer efectiva la liberación”, pero aclaró que “todavía ninguno hizo el depósito”, es decir, que todavía permanecen detenidos. Además el juez remarcó que “para garantizar que las personas comparezcan en el momento del juicio oral, se le otorga una libertad parcial”.

Pautas de comportamiento

En el caso que cada uno de los imputados pueda reunir la suma de dinero fijada como caución, se le otorgará la libertad, pero sujetos a pautas de comportamiento que en caso de no ser cumplidas derivarían en su encierro. Los imputados quedaron obligados a comunicar al tribunal “cualquier circunstancia que lo obligue a modificar su actual domicilio, incluso si es temporario, debiendo ordenarse un seguimiento socioambiental que deberá realizarse cada 15 días“. Además deberán asistir semanalmente al juzgado a firmar un acta y evitar la comisión de infracciones o delitos. Pero también estarán obligados a “someterse a un tratamiento psicológico en forma mensual a realizarse en hospital público”, y también se les prohibió el consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes.s