Schaerer: otorgan salidas transitorias a Ángel Barbieri

El Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Corrientes resolvió otorgar salidas transitorias a Pedro Ángel Barbieri, condenado a 25 años de cárcel por el secuestro del estudiante Cristian Schaerer, en septiembre de 2003. El sentenciado está alojado en la Prisión Regional del Norte de la ciudad de Resistencia, desde donde se le permitirá una salida transitoria de 24 horas y otra salida excepcional de 48 horas en forma mensual, “Bajo Tuición”, es decir que su esposa, Silvia Estela Blanco, garantizará que volverá a su lugar de encierro. Ella estará supeditada a esta medida durante las tres primeras salidas, pero a partir del cuarto permiso, Barbieri podrá salir de la Unidad, “bajo palabra de honor”. El fallo establece que al tiempo de salida se le agregue “lo que demande el viaje desde la Unidad Nº 7, en la que se encuentra alojado, hasta la ciudad de Corrientes, lugar donde fijó domicilio para usufructuar el beneficio aludido”. Para que continúe el beneficio, el interesado deberá acatar fielmente el término del permiso, residir durante el mismo en el domicilio declarado, no frecuentar lugares donde se expendan bebidas alcohólicas o estupefacientes, ni participar en reuniones que pudieren resultar perniciosas para la moral y buenas costumbres. Además lo obligan a hacerse cargo de todos los gastos que impliquen la salida concedida. El abogado fue condenado a la pena de 25 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer la profesión de abogado y docente universitario durante el tiempo de la condena, como partícipe necesario penalmente responsable del delito de secuestro extorsivo, y había presentado dos pedidos para que se le permita salir de la institución por lapsos cortos. Tras varios rechazos, finalmente le fue concedido el beneficio. En agosto de 2014, un recurso de casación presentado por él tuvo trascendencia nacional luego de que el juez de ejecución de la pena denegara la posibilidad de acceder al servicio de Internet en su celda de la cárcel federal. El defensor oficial Enzo Mario Di Tella fundamentó: “No es admisible que un Estado de Derecho predique la reinserción social desde su texto constitucional, y al mismo tiempo prohíba Internet mediante reglamentos carcelarios vetustos”. s