Una pareja volvió a ser sentenciada por el delito de trata de personas

Una pareja que ya había sido condenada en 2014 por explotación sexual de personas, volvió a ser sentenciada por el mismo delito en un juicio abreviado realizado en el Tribunal Oral Federal de Corrientes. El debate fue el miércoles y en él fueron juzgados Rafael López Atrio e Isabel De Avila, acusados de haberse aprovechado de una mujer a la que obligaban a prostituirse en un local de la localidad de La Cruz. La audiencia fue parte de un juicio abreviado que había sido acordado con el Ministerio Público Fiscal sobre la unificación de las penas con la causa anterior. Según el fallo, López Atrio deberá cumplir la condena única de 8 años de prisión. Esta sentencia comprende la pena de 3 de prisión, a la que fue condenado en el juicio realizado el miércoles, pero se unifica con la sentencia fijada en 2014, cuando se lo condenó a 6 años de cárcel. En tanto, Isabel De Avila deberá cumplir la pena única de 7 años de prisión. En ésta están incluidos los 3 años a los que fue condenada en el último juicio y los 5 años a los que fue condenada hace cuatro años. El hombre purgará así la condena por el delito de trata de personas, en las modalidades de captación, transporte y traslado dentro del país, acogimiento y recepción de persona mayor de 18 años de edad con fines de explotación sexual, mediando abuso de situación de vulnerabilidad psicológica, familiar y económica. La mujer, en tanto, fue acusada de coautora penalmente responsable del delito de trata de personas, en las modalidades de captación, transporte y traslado dentro del país, acogimiento y recepción de persona mayor de 18 años de edad con fines de explotación sexual, mediando abuso de situación de vulnerabilidad psicológica, familiar y económica.

Vulnerable

Los hechos por los que el miércoles fue juzgada la pareja ocurrieron en un local que funcionaba como parrilla y que estaba ubicado a la altura del kilómetro 485 de la Ruta Nacional 14, de la localidad de La Cruz. En ese lugar, entre los días 5 y 8 de febrero del año 2010 “lograron captar, trasladar, recibir y luego acoger con fines de explotación sexual, mediante engaño a una señorita de 23 años de edad”, dice el expediente. Para lograr que ésta accediera a viajar hasta ese lugar, los sospechosos habían dicho a la progenitora de la víctima que la contratarían como trabajadora en la casa de comidas que administraban. “Por esa razón, la señorita fue trasladada hasta el lugar en un auto blanco por el imputado Rafael Alejandro López Atrio”, consta en el expediente. López Atrio, de apodo “Cano”, fue recibido en la parrilla por su pareja, Elisabel De Ávila. Y fue cuando la víctima advirtió que el lugar funcionaba como un prostíbulo “a pesar de que desde afuera aparentaba ser un bar”. Cautiva y sin posibilidades de salir, fue obligada a prostituirse como también a cocinar y lavar ropa. “López Atrio le dijo que se pusiera a trabajar atendiendo a los clientes, pero ella permanecía sentada en un rincón. Los imputados, en tanto, le entregaron la llave de un dormitorio y le decían que tenía que entrar”. Pero un día, la pareja que la tenía cautiva había permitido que visite a su madre, en la ciudad de Curuzú Cuatiá. Y esto fue aprovechado por ella para abordar un micro que la condujo hasta la localidad de José C. Paz, donde residía. Una vez allí, realizó la denuncia que originó la causa.

Antecedentes firmes

Los acusados López y De Avila ya habían sido condenados por el delito de trata de personas, por hechos ocurridos en 2008. El juicio se llevó adelante en 2014 y fueron condenados a 4 años y medio y 3 años, respectivamente. Esta sentencia fue apelada, pero los jueces de la Sala III de la Cámara de Casación Penal de la Nación rechazaron el recurso y ratificaron el fallo del Tribunal Oral Federal de Corrientes que consideró el grado de responsabilidad de López Atrio, ya que “trasladó a las víctimas desde Wanda hasta los prostíbulos ubicados en las localidades de La Cruz y Mercedes, en la provincia de Corrientes”. Por todo ello, en concordancia con el pedido del fiscal Carlos Schaefer, le impusieron una pena de 6 años de prisión como autor del delito de trata de personas. Con relación a De Ávila, los jueces adujeron que acompañaba a su marido en la actividad, ejercía tareas de control y que trabajó para mantener su estado de explotación, por lo que le aplicaron una condena de 5 años de prisión por el mismo delito que López Atrio, mientras que la hija de éste, López Bravo, recibió 4 años de prisión, dado que ejerció la administración de los dos locales.s