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Disconformidad con proyecto nacional para quitar imágenes de edificios públicos

Los consultados en corrientes aseguran que los símbolos religiosos en las dependencias estatales son parte de la cultura provincial.

Esta semana, cinco diputados nacionales presentaron un proyecto de ley que propone remover símbolos e imágenes religiosas de edificios y espacios públicos pertenecientes al Estado nacional. NORTE de Corrientes recorrió diversas dependencias nacionales, como el Rectorado de la Universidad Nacional del Nordeste y la Cámara Federal de Apelaciones, donde consultó a los trabajadores su opinión sobre esta iniciativa. La mayoría de los consultados resaltaron que Corrientes es una provincia muy religiosa y que hay muchas personas que al ingresar a una oficina pública donde hay una imagen de un santo o de la Virgen se acercan a hacer la Señal de la Cruz. Otras personas dijeron que la costumbre de colocar imágenes en las oficinas públicas no debería permitirse, ya que así como hay creyentes, están los no creyentes que también deberían ser respetados no colocando imágenes. Sin embargo, otros dijeron que a los que no creen no les molesta ni genera nada una imagen en las oficinas públicas, pero sin embargo sostienen que al menos en Corrientes hay mucha gente católica y ya es una simbología cultural que hay en la provincia en general. “Corrientes es una provincia muy católica y el tener imágenes en mayor medida de la Virgen de Itatí tiene que ver con una simbología netamente cultural de Corrientes que debería ser respetada por fuera de la medida nacional”, resaltó una trabajadora del rectorado de la Unne. La iniciativa, que contiene cinco artículos, es encabezada por la radical Karina Banfi y lleva también las firmas de Fernando Iglesias (PRO), Brenda Austin, Alejandro Echegaray y Facundo Suárez Lastra (UCR). Todos ellos suscribieron meses atrás el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que tras la media sanción en Diputados terminó naufragando en la Cámara alta. El proyecto establece “la remoción de los símbolos e imágenes religiosas instaladas en espacios públicos o edificios pertenecientes al Estado Nacional”, y otorga un plazo de 90 días desde la fecha de promulgación de la ley, quedando luego expresamente “prohibida” cualquier tipo de exhibición de esos símbolos religiosos. El texto, sin embargo, introduce una salvedad para aquellas imágenes religiosas que “formen parte del lenguaje arquitectónico” del espacio, en cuyo caso no serán retiradas. También señalaron que “la simbología religiosa no es representativa de todos”.s