La Justicia entregó a Curuzú inmuebles cautelados por delitos de corrupción

Ayer se concretó una medida judicial a la que podría señalarse como histórica para la provincia de Corrientes, ya que la Justicia entregó en custodia a la Municipalidad de Curuzú Cuatiá bienes inmuebles que fueron rescatados de maniobras delictivas contra el Estado. El juez de Instrucción y Correccional de Curuzú, Martín Vega, hizo entrega a la Municipalidad de los bienes que fueran embargados por haber sido adquiridos en presuntos actos de corrupción estatal, llevados a cabo por el ex secretario de Obras y Servicios Públicos de aquella ciudad, Ramón Eduardo Ocampo, según indicaron altas fuentes judiciales a NORTE de Corrientes. En el marco de la causa en la que se investiga al ex funcionario por presunto enriquecimiento ilícito, el acusado se halla actualmente en prisión preventiva efectiva, junto a su pareja Anabella Aranguiz. En tanto, se ha entregado al Gobierno municipal los 15 departamentos en construcción y el vehículo que habrían sido adquiridos por Ocampo, pero puestos a nombre de su pareja (Aranguiz), con dinero presuntamente proveniente de actos de corrupción que le habrían permitido incrementar su patrimonio de manera apreciable, rondando los 15 millones de pesos, según señalaron. Luego de dictar el procesamiento y la prisión preventiva de ambos, el titular del Juzgado decidió ordenar la entrega provisoria de estos bienes a la Municipalidad, de la cual Ocampo era alto funcionario, lo que le habría facilitado la compra de los mismos y su posterior ocultamiento a través del patrimonio de su pareja, para disimular un enriquecimiento patrimonial que no encontró justificación, según surge de la acusación de la fiscal a cargo, Alejandra Talamona. En concordancia, el intendente José Irigoyen (ECO) reconoció en la ocasión la trascendencia del acto que se llevó a cabo en las dependencias del Juzgado de Instrucción de la localidad, cuando recibió tales bienes en custodia. En caso de recaer condena, los bienes pasarán a formar parte del patrimonio municipal. Los mismos se destinarán a cumplimentar actividades y fines relacionados con el bien público, según indicaron desde la fiscalía.

prisiÓn preventiva

En relación, tanto Ocampo como Aranguiz, actualmente detenidos y con prisión preventiva dictada, se hallan procesados además por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública como autor y cómplice respectivamente. El primero, mientras era funcionario municipal, habría aprobado obras de ampliación en el edificio de 15 departamentos ubicados en la zona más importante de la ciudad, sabiendo que tal construcción no sólo le pertenecía a él, sino que habría disimulado el acto por el cual transmitió a aquella (Aranguiz) la titularidad del mismo. Asimismo, Ocampo se halla procesado en otras dos causas por hurto de energía eléctrica y portación ilegal de arma de fuego, ambas en etapa de juicio oral. Desde la sede judicial remarcaron que “la medida se enmarca en la lucha contra la corrupción, para llevar a juicio a los funcionarios que se sirven del erario público para aumentar las arcas personales, y perseguir la devolución de lo adquirido en esos actos”. s