Un suple en El Dipló, o cómo se pagaba pauta oficial en diferido

Sobre la larga superficie de la barnizada mesa de madera había tres pilas de diez carpetas color rosa, naranja y cian. Era intención del Tribunal Oral Penal Nº 1 (TOP1) imprimirle ritmo al examen de los documentos (expedientes de publicidad de los años 2007, 2008 y 2009) para agotar de una vez la declaración de Luciano Mario González -autor de la pericial contable que sostiene la acusación de la denominada Causa Publicidad-, quien lleva ya cinco audiencias deponiendo. No resultó. Bastó uno para que las controversias desatadas desvirtuaran la hoja de ruta y durante las dos horas y media (8.35 a 10.50) de debate todo se centrara en esos papeles en los que el contador González notó “anomalías de trámite administrativo” no sin deber rectificarse por equivocadas apreciaciones. El proceso penal contra el ex gobernador Arturo Alejandro Colombi (2005-09) y ocho ex funcionarios de su gestión por el presunto uso espurio de la propaganda estatal (más de $85 millones) y delitos conexos continuó ayer a la mañana en el edificio Patono (Plácido Martínez 1056/58). La discusión de la jornada se focalizó en el expediente de publicidad Nº 34/37 que consistía en un suplemento de seis páginas sobre la “industria forestal” de Corrientes publicado en el periódico mensual Le Monde Diplomatique Cono Sur (El Dipló) en mayo de 2007 y por el cual el Poder Ejecutivo pagó $23.205 a la editorial Capital Intelectual. El perito González manifestó que el documento adolece de requisitos previstos en el articulado del decreto 460/92 y de la resolución 481/92 del gobierno de la provincia de Corrientes, los cuales regulan la contratación de pauta oficial. “Ninguno de los 1.003 expedientes que examiné tenían la solicitud de requerimiento de publicidad con la debida antelación”, aseveró. Ésta -según el testigo experto- consiste en un pedido formal por escrito del titular de una cartera ministerial a la Dirección de Información Pública para pactar con oferentes un servicio de propaganda. Ante los dichos de González, uno de los imputados, José Luis “Billy” Zampa (director de Información Pública entre noviembre de 2007 y octubre de 2009), pidió la palabra, y una vez concedida explicó que esos pedidos “existían, existieron y existirán” pero son mediante “oralidad” (ver corchete). En el caso del expediente de El Diplo, González dijo: “Falta la firma de un ministro solicitándolo por escrito” y señaló que el pedido de pago fue hecho a través un correo electrónico (cuya copia impresa está incluida en el expediente) el 21 de mayo -después de la publicación del suplemento- pero en la factura de pago figura la fecha 20 de junio de 2007. “No se siguió al pie de la letra la norma”, insistió. s