Fondo Compensador: rechazan impugnaciones y confirman sentencias

La sentencia del Tribunal Oral Penal Nº 1 de Corrientes que dictó condenas en suspenso a ocho hombres, en su mayoría ex directivos del Fondo Compensador de Jubilaciones para el Personal del Banco de Corrientes, por fraude millonario en perjuicio de trabajadores bancarios, fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes (STJ), al rechazar este alto cuerpo todos los recursos impugnativos por parte de defensores de los encartados. Según se informó ayer en la web del Poder Judicial juscorrientes.gov.ar, los recursos de casación fueron interpuestos por los abogados defensores de Antonio Oscar Páparo, Ramón Alberto Yunes, José Mario Iglesias, Héctor Oscar Castillo, Eduardo Martín Cheme, Rubén Adolfo Aquino, Nicolás Kaposvari y Nedo Enrique Pirchi. Se indicó en los fundamentos que “las defensas realizan una interpretación subjetiva, personal y antojadiza de la prueba, limitándose en su hipótesis defensiva a la negación del hecho, dirigiendo en general su ataque recursivo hacia la acusación fiscal -requerimiento de elevación a juicio-, intentando su nulidad en esta instancia de casación, sin reunir sus agravios un adecuado correlato con la totalidad del plexo probatorio imperante en autos, versión que a la postre tampoco logra revertir con solvencia los fundamentos brindados por el sentenciante al condenar”. La Corte provincial recordó que en reiterados pronunciamientos el STJ ha dicho que “la sentencia es considerada como una unidad jurídica que debe reposar en una motivación lógica, entendiéndose por coherencia de los pensamientos la concordancia (...)”. La decisión del Tribunal Oral Penal Nº 1 -conformada por todo el razonamiento expresado y no en forma aislada producto de una interpretación parcial a fin a los intereses de la defensa- aparece como “irreprochable”, expresaron. La Justicia había llevado a juicio a 13 hombres, en su mayoría ex directivos del Fondo Compensador de Jubilaciones para el Personal del Banco de Corrientes SA, por el presunto fraude millonario, en aproximadamente 10 millones de dólares, que sufrió la sociedad civil durante una década hasta 2004. Las penas más altas habían recaído en Rubén Adolfo Aquino (el entonces presidente del Fondo) y Nicolás Kaposvari (ex secretario). Ambos imputados fueron hallados culpables del delito de administración fraudulenta como coautores materiales. Recibieron 3 años de prisión en suspenso, y se les había impuesto una serie de reglas de conducta. En caso de los imputados José Mario Iglesias, Héctor Oscar Castillo, Nedo Enrique Pirchi, Antonio Oscar Páparo y Ramón Alberto Yunes, habían sido declarados culpables por el mismo delito, pero con la figura de partícipes necesarios. Les dieron 2 años y seis meses de prisión en suspenso a cada uno. En tanto, Eduardo Martín Cheme -también como partícipe necesario- había recibido un año y seis meses de prisión en suspenso. s