Prohibición laboral a ex convictos, una iniciativa que agita la polémica

Con despacho favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la Cámara de Diputados de la Provincia otorgó media sanción a un proyecto de ley que busca prohibir, por el término de 10 años, el desempeño en tareas de chofer o actividad relacionada en empresas de transporte de personas -públicas o privadas- a quienes cumplieron condenas por delitos sexuales y homicidios culposos. El expediente fue girado a la Cámara de Senadores, donde está en estudio mientras toma forma una polémica por las objeciones que plantean algunos integrantes del foro local. La iniciativa señala taxativamente que la prohibición comprende a los incursos en delitos contra la integridad sexual en todo el ámbito de la provincia de Corrientes y por homicidio culposo en accidentes de tránsito cuando se hubiera verificado el consumo de alcohol y/o estupefacientes en el hecho. El proyecto recibió duras críticas de abogados, ya que la restricción (laboral) puede ser entendida como una lesión a garantías constitucionales, que también rigen para quienes cumplieron condena. Establecer una prohibición de trabajo podría ser una prolongación de la pena. El tema es motivo de discusión, más allá de cierta premura que exhibieron los diputados para avalar la propuesta presentada por el legislador Manuel Aguirre (UCR) y acompañada por la heterogénea bancada oficialista. Uno de los que opinó es el abogado de Paso de los Libres Claudio Sussini, quien sostiene que “se aprecia claramente un caso de atribución de facultades delegadas a la Nación, como es la legislación de fondo en materia penal, ya que establece una pena o castigo accesorio para la clase de delitos a que refiere, lo que resultaría ser, en todo caso, una facultad de los legisladores nacionales y no de los provinciales”. Desde su punto de vista “pareciera ser una revancha o contraataque, luego de que el novel Código Civil y Comercial de la Nación hiciera su avanzada sobre varias cuestiones que eran en realidad materia procesal, cuya facultad legislativa es de las provincias, y que ya ha merecido variadísimas críticas al respecto”. El letrado fue consultado respecto de las razones por las que la Ley Nacional de Tránsito establece sanciones prohibitivas en casos que se cometan infracciones. En este sentido opinó que “la Ley Nacional de Tránsito esta dictada por los legisladores nacionales, con facultades de legislar en cuestiones penales de fondo. Esta ley nacional tiene legitimación para regular la sanción”. Además hizo notar que “el Código Penal también establece sanciones por homicidios derivadas de la conducción negligente de vehículos, y establece la pena accesoria e inhabilitación especial para conducir. La Ley de Tránsito lo que hace es traducir esa inhabilitación”. Aclaró también, respecto de la normativa Ley Nacional 24.449, que “en los casos en los que se retira el carné, son sanciones por hechos en flagrancia como, por ejemplo, cuando se conduce en estado de ebriedad. Pero la Ley de Tránsito está integrada al Código Penal, y se reconoce que la ley legisla en materia penal”. Respecto del texto que fue presentado en la Cámara de Diputados, Sussini sostiene: “Uno se encuentra con una ambigüedad en el artículo 1, ya que refiere a un término: por el término de diez años, no quedando claro si esta prohibición durará solamente 10 años desde su entrada en vigencia, o bien si se refiere a que la persona condenada, durante diez años no podrá ingresar a trabajar para una empresa de transporte”. Considera que “si fuese el último caso, igualmente no se puede establecer desde cuándo se contaría este plazo. ¿Desde el momento en que la condena quedó firme? ¿Desde el momento del hecho? Por otra parte, ¿qué ocurriría con los casos en los cuales ese plazo ya estuviera corriendo cuando esta ley entrara en vigencia?”, se preguntó. Reconoció, sin embargo, que el proyecto de normativa provincial “tiene cierta congruencia o racionalidad, en cuanto a los delitos relacionados con la conducción de automotores”. Sin embargo, sostiene que “en lo que se refiere a los delitos sexuales, en mi opinión tiene más que ver con la coyuntura actual -o con casos concretos resonantes en la prensa- y con la postura que más en boga está en los últimos años: buscar la solución a todos los problemas sociales en el derecho penal y la imposición de sanciones cada vez más duras, muchas veces es más económico o conveniente establecer castigos que atacar las verdaderas cuestiones de fondo”. Respecto al segundo artículo de la normativa, sostiene que la imposición a las empresas de transporte de verificar el requisito de controlar los antecedentes antes de contratar choferes “genera cierta alarma porque sería pretender facultar a las empresas de transporte a que requieran de los organismos estatales pertinentes -registro nacional de reincidentes o, como refiere la ley, a los tribunales de condena- los antecedentes de los ciudadanos”. Opinó que “esto genera una serie de interrogantes relacionados con atribuir a empresas privadas la facultad de acceder indiscriminadamente a información sensible sobre un número indeterminado de ciudadanos, por lo cual, con muchísima más razón se debería reglamentar y limitar exhaustiva y detalladamente esta facultad, determinándose en qué casos, de qué forma, con autorización previa de qué entidad u organismo, bajo la supervisión de qué organismo, manera en que se debería instrumentar el pedido de antecedentes, de qué forma se debería tratar esta información sensible a posteriori por las empresas”. Además resaltó que “en la ley se hace referencia a delitos cometidos en todo el ámbito nacional -para el caso de delitos contra la integridad sexual-, pero en el artículo 2 se hace referencia a que la información se requiera al Tribunal de Condenas de la Provincia de Corrientes”. Pero remarcó que el proyecto de normativa establece un castigo también para las empresas que incumplan la ley “previendo el caso de reincidencia, siendo el uso de este término un detalle que también devela la verdadera naturaleza penal de la normativa, facultad que está delegada a la Nación”. Por último hizo notar que en el proyecto, que está en trámite en la Legislatura correntina, “se estableció una pena accesoria ‘sui géneris’ para los condenados: la limitación del acceso al trabajo”.

Proyecto

El expediente 12.858/18 de la Cámara baja que obtuvo media sanción establece la prohibición de conducir vehículos del transporte público a quienes cumplieron condenas por delitos sexuales. “Prohíbese, por el término de diez años, el desempeño para conducir automotor en todas sus categorías o actividad relacionada con ello, en empresas de transporte de personas, que sean públicas o privadas, a condenados con sentencia firme y consentida”, dice el inicio del primer artículo. En el primer inciso establece que quedan comprendidos en la ley quienes fueron sancionados “por delitos contra la integridad sexual en todo el ámbito Nacional. Considérense a los efectos de la presente los delitos contra la integridad sexual previstos en el Título III, Libro Segundo del Código Penal Argentino”. También aquellos que fueron condenados “por homicidio culposo en accidente de tránsito cuando se hubiera verificado en el hecho el consumo de alcohol y/o estupefacientes”. Fija la normativa que “el término fijado en el presente artículo se comenzará a computar desde la finalización del término impuesto por la condena firme y consentida”. En el segundo artículo se establece que “las empresas de transporte de personas verificarán el requisito establecido en el artículo anterior, antes de contratar choferes o personal encargado del transporte de personas, requiriendo el informe respectivo al Tribunal de Condenas de la Provincia de Corrientes”. El tercer artículo indica que “en caso de incumplimiento de las previsiones del artículo 2º de la presente, las empresas serán pasibles de multas equivalentes al precio de 5.000 litros de nafta de mayor valor, y en caso de reincidencia dentro de los diez años, se cancelará automáticamente la autorización para funcionar en forma definitiva”. Pero además, en el cuarto artículo se autoriza al Poder Ejecutivo “a establecer los mecanismos de control del cumplimiento de la presente, con carácter general y limitados a su objeto del presente”. “La presente Ley comenzará a regir a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial”, dice el sexto y último artículo.s