Parturienta habría muerto en el Llano debido al mal manejo con la anestesia

Se conocieron los pormenores que habrían llevado al fallecimiento de Ramona Armúa (31 años), quien perdió la vida luego de dar a luz el 21 de mayo en un baño del hospital Ángela Iglesia de Llano, de Corrientes. Según los testimonios del personal de Enfermería, Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y de la guardia, la muerte se habría producido tras una cadena de negligencias de diferentes profesionales, lo que derivó en el empeoramiento del cuadro de la parturienta. Como dato más terrible, el incorrecto pase de oxígeno por intubación habría sido lo que generó el deceso inmediato, de características realmente macabras. Ahora también está en tela de juicio para la Justicia la capacidad del nosocomio para atender y contener embarazos de alto riesgo. Ramona fue derivada desde el centro de salud de Itá Ibaté al de la ciudad correntina el 6 de mayo, por un embarazo de riesgo. Su bebé logró sobrevivir, pero ella entró a cirugía con una hemorragia y sufrió un paro cardiorrespiratorio, según indicaron los médicos en un primer momento. Aunque el hermetismo cubrió el procedimiento médico, todo apunta a que se trató de mala praxis médica. Ante ello, la Justicia imputó en julio a tres médicos en la investigación judicial. Su viudo, Daniel Molina, dijo a este diario que no tiene información sobre la causa, y que espera ayuda de la Provincia para vivir, ya que se debe encargar solo de tres pequeños hijos y es un albañil de escasos recursos económicos. Refirió que únicamente le entregan leche para el bebé en el hospital. En referencia, Buenaventura Duarte, fiscal de Instrucción Nº 1, explicó a NORTE de Corrientes que el proceso está en curso y se sostiene la imputación de tres médicos de planta permanente de Salud Pública. Es en el expediente Nº 181.912 de 2018, en el cual consta que en el Juzgado de Instrucción Nº 4 se registra la actuación de oficio de la Comisaría Quinta por supuesto homicidio culposo por mala praxis; ante lo que el fiscal inició la investigación e individualización de los autores del presunto hecho delictivo. Serían responsables los ciudadanos D.A.U., especialista en Tocoginecología; F.R.Z., médico anestesista; y la doctora M.B.A., jefa del servicio de Tocoginecología. Con respecto a los hechos, el expediente explicaría que “se iniciaron las actuaciones de oficio adjuntando la historia clínica de la paciente remitida por el hospital Llano, la declaración testimonial brindada por su esposo; e informes de los médicos de guardia presentes, del servicio de Anatomía Patológica del Hospital referente de la placenta extraída a Armúa, del Ministerio de Salud Pública y de Neonatología”. De los informes resultó que “Armúa había sido trasladada del hospital Inmaculada Concepción de Itá Ibaté hasta el hospital Llano el 6 de mayo, por presentar ginecorragia -hemorragia vaginal- ingresando con un diagnóstico presuntivo de gestación de 33,2 semanas y considerada como internación de alto riesgo con una placenta previa oclusiva parcial. El 15 de mayo se detectó acretismo placentario en la ecografía y debía ser controlada con la atención permanente y cuidado especial, distinto al embarazo normal.

El 21 de mayo, Ramona aducía tener dolores muy fuertes en la parte baja (sic) por lo que su esposo dio aviso a la Enfermería en reiteradas oportunidades pero no llegaba el médico para poder revisarla. En un momento, tuvo ganas de ir al baño; él la ayudó a bajar de la cama hasta la puerta del baño donde se escuchó un ruido, como una explosión y ella explicó que el bebé se cayó al inodoro. El hombre salió a buscar a las enfermeras. Luego, la doctora Y.R. sacó al recién nacido y lo cubrió con un camisolín, llevándoselo urgente al sector de Neonatología para que lo atienda la pediatra”. El expediente diría que “la Fiscalía considera que al ser una paciente de alto riesgo implica la responsabilidad penal que le cabe al tocoginecólogo D.A.U y a la jefa del servicio de Tocoginecología M.B.A. por el fallecimiento de la ciudadana por impericia y negligencia en el deber de cuidado, por el deber de evitación y posición de garantes que tienen con respecto a la salud de la paciente de alto riesgo”.

Negligencia

También se habría dicho que “tras la expulsión del bebé en el inodoro, se llevó a Armúa a la sala de quirófano en silla de ruedas, donde fue intervenida quirúrgicamente a las 13.45 para explorar la zona uterina y se decidió la extirpación del útero con anestesia total por intubación traqueal. En tanto, el doctor F.R.Z. fue el médico anestesista quien se hallaba a cargo de la colocación del tubo endotraqueal, y al pasarla de quirófano a la Unidad de Terapia Intensiva, habría tenido un incorrecto manejo del equipo a su cargo y al realizarse la apertura del oxígeno, se produjo una abrupta distensión abdominal y un paro cardiorrespiratorio que le causara el colapso cardiopulmonar a la paciente”. Además, el texto judicial explicaría que “D.A.U. habría colocado en situación urgente a la paciente para someterla a una operación quirúrgica de alto riesgo, del cual salió airosa y compensada”, pero su deceso fue en la UTI, tras la maniobra con el oxígeno. La Fiscalía consideraría “la figura de negligencia como falta de cuidado y abandono de las pautas de tratamiento y seguimiento del paciente”, también indicaría que hubo “impericia de la profesión ya que implica que el profesional debe poseer la aptitud o capacidad suficiente para ejercer la medicina. Caso contrario, producida la lesión o muerte, deberá responder por ello”. En cuanto a las diligencias, se habría solicitado que libren oficio al “Ministerio de Salud Pública de Corrientes para que informen si el hospital Llano se halla en condiciones de recibir pacientes con embarazo de alto riesgo, y si fuera así, que indiquen si hay un protocolo para la atención de este diagnóstico”.s