Apelarán el fallo adverso al amparo sobre el Plan Costero

Luego de que el Juzgado Civil y Comercial Nº 6 resolviera el rechazo de la acción de amparo presentada por la Asociación Civil Asamblea Ciudadana por los Derechos de Usuarios y Consumidores de la Provincia de Corrientes contra el Municipio por el Plan Urbano Costero, preparan una apelación. “Todavía no fuimos notificados. Hubo una gacetilla de prensa pero todavía no fuimos notificados. Seguramente mañana (por hoy) nos llegará y prepararemos la apelación. Consideramos que es un fallo politizado”, señaló a NORTE de Corrientes la abogada Sonia López, una de las apoderadas de la asociación y patrocinante del recurso. Explicó que “no estamos discutiendo el daño ambiental, sino que la ordenanza es nula: no hay un informe de impacto ambiental, no fue convocada la Comisión Permanente de Modificación del Código de Planeamiento Urbano y no se hizo una audiencia pública. Si bien tiene que ver con potenciales daños, todavía no estamos discutiendo eso sino que la ordenanza es nula de nulidad absoluta”, dijo López. En el fallo, la jueza Sonia Filipigh, sostuvo que “la ordenanza cuestionada es una norma, que como tal, goza de presunción de legalidad, y fue sancionada siguiendo un procedimiento previamente establecido por el órgano con competencia para ello. Por dicha ordenanza se crea un Plan Urbano Costero, se desafectan distritos de zonificación de la planificación urbana, los cuales son afectados a otros fines (cambio de afectación o cambio de calificación urbana), y se establecen lineamientos de urbanización y pautas generales de construcción “ambientalmente sustentables”. La magistrada indicó que la norma legal aprobó la viabilidad de un proyecto que “hoy es sólo una declaración de voluntad. No es un plan de trabajo concreto”. Añadió que “no surge de la ordenanza ni de su expediente administrativo de trámite previo, la existencia de daño ambiental alguno que habilite la legitimación para que la asociación pueda solicitar su cese”. “De la manera en que se encuentra redactada la norma, conteniendo buena o mala técnica legislativa -lo que no nos compete valorarla-, no existe daño ambiental alguno, siendo imposible en esa etapa la participación del Icaa, la realización del Estudio de Impacto Ambiental (Esia), la audiencia pública y demás recaudos pretendidos, dado que la misma no determina la realización de los trabajos, obras y/o construcciones que concretamente se realizarán en dichas áreas”. “Hoy no se evidencia una lesión constitucional, grave, palmaria, manifiesta, ni siquiera amenaza concreta al medio ambiente, que habilite la legitimación de la entidad, sólo es una declaración de voluntad de iniciar trabajos dentro de un denominado Plan Urbano Costero. Si eso es lesivo, la vía claramente no es el amparo, sino otra donde pueda discutirse y debatirse con amplitud probatoria las cuestiones”, expresó la magistrada. Señaló que de acuerdo con la ordenanza cuestionada los bienes cuya calificación urbana se cambian son de dominio nacional y provincial, por lo que no resulta de aplicación el Art. 41, Inc. 3 de la Carta Orgánica Municipal, la cual refiere a los bienes de Dominio Público Municipal. Finalmente, en cuanto a los restantes fundamentos de la asociación, la doctora Filipigh, afirmó que excedían la legitimación acotada al marco ambiental, cuestiones administrativas que deben ser tratadas por otras vías. Al no reunir los presupuestos sustanciales, la acción de amparo presentada devenía improcedente.s