Un reclamo salarial que deja al descubierto ataduras de poder

La petición de los judiciales de un aumento salarial para mitigar los efectos de la inflación dejó al descubierto, una vez mas, la dependencia financiera y económica del Superior Tribunal de Justicia (STJ) con el Ejecutivo provincial. Es que en el encuentro de Guillermo Semhan (presidente del STJ) con la cúpula del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraj) quedó en claro que el dinero que reclaman los trabajadores coincide con el monto que el Ejecutivo recortó del presupuesto del Poder Judicial enviado el año pasado, incluso esta situación fue advertida por el Sitraj en la nota que presentaron la semana pasada. Pero más allá de las cuestiones técnicas, y del estudio realizado en 2017 desde el STJ para cubrir los gastos de este año, la cuestión pasa por la permanente poda que se ejecuta desde Hacienda a las pretensiones de los superiores. Y aquí surge una cuestión que de manera permanente subyace en el ámbito judicial: ¿Por qué el STJ no aplica la ley de autarquía, y permite que año a año sus proyecciones económicas sean objetadas? El tema es de permanente diálogo en las esferas sindicales y del Superior Tribunal, aunque siempre con una respuesta que responde a la actitud adoptada por la conducción judicial correntina: el silencio ante una posible reacción. Desde la asunción como titular del cuerpo, Semhan puso esmero y empeño en evitar todo tipo de enfrentamientos con el Gobierno provincial, y así sostenerse en el tiempo como presidente. Puertas afuera, complacencia; hacia adentro, corcoveos para sortear temporales y permanecer. Salta a la luz por esta situación, que el poder real en el STJ está atado a la necesidad de recursos por lo que Semhan no se anima a reclamar, y mucho menos hacer efectiva la ley de autarquía, herramienta con la que la Justicia debe marcar independencia real, e impedir recortes a lo estipulado desde los órganos administrativos correspondientes y enviados al Ejecutivo para ser incluido en el proyecto general de Presupuesto. Y es así como la dependencia económica lleva a la peligrosa necesidad de recurrir a otro poder, del que debe controlar y marcar caminos. Así, la aplicación de la Justicia para situaciones en la que el Ejecutivo debe intervenir resulta, cuanto menos, compleja ya que muchas veces la supervivencia salarial depende del giro de auxilios financieros, quizás de quienes deben juzgar. Y si desde la cúpula de dos de los poderes del Estado no se establecen las diferencias constitucionales, impartir justicia para el soberano pasa a ser una mera gestión administrativa sin la plena aplicación de las leyes y el derecho.s