Unos 4 mil abogados eligen representante a la Magistratura

Están matriculados casi 4 mil profesionales y compiten 5 listas, 4 de ellas oficialistas y como única alternativa La Lista Nº 3. Este viernes 5 de octubre, 24 mil abogados de todo el interior del país concurrirán a las urnas para elegir un representante en el Consejo Nacional de la Magistratura. En Corrientes son 3.988 los abogados que tienen matrícula federal y que figuran en el padrón y podrán votar en las sedes de los colegios de abogados en el horario de 9 a 18 horas. Las direcciones de las sedes son las siguientes: Corrientes, capital Tucumán 570, Goya en Ejército Argentino 580, en Paso de los Libres en Sarmiento 620, en Curuzú Cuatiá en Berón de Astrada Nº 910 y en Santo Tomé en Mitre 155. De las listas participantes 4 de ellas con sus matices pueden ser definidas, como alineadas con el oficialismo actual del Consejo de la Magistratura y en sintonía con el Gobierno nacional. Así la Lista 1 con la fórmula Antonio D. Bustamante (Tucumán), José Luis Lasalle (San Nicolás), la Lista 2 presidida por Martín José Carranza Torres (Córdoba), Manuel G. Linares Carosio (Mendoza), la Lista 5 encabezada por Marina Sánchez Herrero (Mar del Plata) y Carlos María Matterson (Bell Ville), que incluso cuenta con el aval de Daniel Angelicci y la Lista 6 con la fórmula Luis Alberto Palomino (San Isidro), Ana Karina Rojo (Neuquén). Por otro lado, como única alternativa la Lista Nº 3 Compromiso con la Constitución encabezada por “Beve” Basalo, quien es presidente del Colegio de Abogados de Quilmes y vicepresidente de la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, acompañado por la joven abogada Ornella Serra de Córdoba. Basalo manifestó su posición como alternativa en la elección: “Para la República, la falta de independencia de la Justicia es una tragedia, frente a la cual decidimos no ser espectadores. Hoy la percepción que la Sociedad tiene de la Justicia sigue siendo sumamente negativa. Las constantes intromisiones de la política, han afectado el Estado de Derecho y generan la pérdida de calidad institucional, inclusión, e igualdad ante la ley”.s