Columnista
Fiscal no quiere investigar a Estela Regidor; juez no tendría la misma opinión
Su meteórica carrera política para ajustar a los jubilados, Regidor la está llevando a cabo ahora como diputada nacional; pero la ley de fueros Nº 25.320 no impide que sea indagada
El fiscal de Instrucción, Buenaventura Duarte, habría denegado un pedido de investigación a la hoy diputada nacional Estela Regidor. En diciembre de 2017 habría dictaminado el archivo de la causa número 167.022. Sin embargo el juez de Instrucción, Leandro Maciel, no archivó la denuncia como quería el fiscal, al menos por ahora, lo cual abre una ventanita por donde puede entrar un poco de luz al sistema de la seguridad social de los correntinos.
Estela Regidor fue denunciada en agosto de 2017 por haber cobrado $98.000 por licencias no usufructuadas cuando era interventora del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Corrientes (IPS), dato que fue publicado en este mismo diario en su edición del 5 de diciembre de 2015 según la cual la interventora habría justificado “medidas tomadas en la conducción del organismo, como el pago de vacaciones adeudadas que asciende a $98.000 y se esmeró en asegurar que hay un clima armónico entre sus colaboradores”. La hoy legisladora nacional no tendría derecho a la percepción de dinero por vacaciones no gozadas y habría cometido defraudación al Estado. El hecho irregular fue denunciado por un empleado público víctima del IPS, luego de que trascendiera este cobro.
El fiscal Duarte en su omisión de investigar pareciera haber actuado en coincidencia de ideas u opiniones con la línea deseada por el poder político de turno en el sentido de no molestar a sus militantes por actos presuntamente ilícitos, que sí son investigados cuando los acusados son opositores. Por ejemplo un juez federal dictó el procesamiento del ex titular del Pami en junio de 2016 en un caso parecido al de la ex titular del IPS y en mayo de 2017 una Cámara Federal confirmó el procesamiento. El diario Clarín publicó “La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del ex titular del Pami Luciano Di Césare, por el presunto delito de ‘administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública’ a raíz del cobro de vacaciones no gozadas” https://www.clarin.com/politica/confirman-pro cesamiento-di-cesare-ex-titular-pami-fraude_0_rkeRvyRZ-.html.
DICE QUE NO SE TOMÓ VACACIONES
En la misma edición de este diario, la señora Regidor habría manifestado: “El Gobernador sabe de mi constancia, nunca me he tomado vacaciones, ni licencia por maternidad; he ido a trabajar con mis hijos enfermos y hasta con puntos de cirugía de dos días”. Así relataba su intenso trabajo cuando en diciembre de 2015 juró como diputada provincial y un rato después confirmó su continuidad en el IPS renunciando a su banca (provincial) y siguió trabajando para ajustar a los jubilados de Corrientes.
Si el juez Maciel se esmera un poquito podría constatar que la ex interventora del IPS no se hallaba amparada por la ley 4.067 (empleados públicos) ni por la ley 3.460 (procedimientos administrativos del Estado) ni por la ley 4.917 (funciones del IPS). Incluso la ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 prohíbe sustituir el descanso anual por una compensación en dinero.
Su meteórica carrera política para ajustar a los jubilados, Regidor la está llevando a cabo ahora como diputada nacional; pero la ley de fueros Nº 25.320 no impide que sea indagada.s
El caso de la falsa emergencia energética: “Haz lo que digo, no lo que hago”
Los portavoces de la empresa de energía de Corrientes (Dpec) anuncian que si hubiera exceso de demanda habrá cortes de energía en los días de más calor. El argumento es que no alcanza la generación de electricidad del país. Sin embargo, ese imaginario plan de ahorro eléctrico no puede justificarse en las limitaciones del sistema nacional; en primer lugar porque sería un desatino que Ricardo Colombi pretenda dejar a cargo de los usuarios el cuidado de la energía, cosa que él no hace, y principalmente porque es contrario a toda razón pretender que los usuarios que consumen la mitad de la energía comprada al sistema nacional sean quienes economicen “hasta un 5%” de la electricidad mientras al Gobierno se le pierde el otro 50% y nadie explica adónde va. “Pérdida de energía” es la diferencia entre la electricidad comprada al mayorista y la electricidad suministrada (vendida) a los usuarios. Hay una clase de pérdidas que es energía consumida por alguien, pero que no es registrada.
Hace tiempo el ex secretario de Energía, Gatti, afirmaba que una empresa distribuidora que tiene pérdidas de energía superiores al 45% no puede adoptar como plan de ahorro eléctrico la alternativa de que sus usuarios economicen cuando consumen apenas 50% de lo que se compra al sistema nacional y que esa alternativa pueden aplicar aquellas distribuidoras con pérdidas aceptables inferiores al 15%.
Visto de otra manera, si se necesita economizar, en este caso “un 5%” de la electricidad que demandan los usuarios, pero a la vez el Gobierno pierde la mitad de la energía que compra, la pregunta viene sola: ¿no sería más sensato que el Gobierno “pierda” menos? (o mejor, que pierda mucho menos), especialmente porque el altísimo porcentaje de pérdidas de la Dpec se produce por negligencia e incluso por “tráfico ilegal de energía”, como este cronista lo definió antes en este mismo diario.
El concepto se simboliza con la corriente eléctrica como si fuera una corriente de dinero que fluye por los cables, con la finalidad de mover fábricas, talleres y electrodomésticos, o sea producir beneficios; pero hay aprovechamientos ilegales que quedan disimulados entre las pérdidas originadas por los “colgados”, y por eso éstas son funcionales a algunos encargados de brindar el servicio, que a su vez forman parte de las redes de ilegalidad y por eso las grandes pérdidas no disminuyen, sólo se maquillan para disimular la rapiña.
EL CO$TO DE LA$ PÉRDIDA$
Si se multiplica la energía perdida por el precio promedio de venta, la cifra del dinero que pierde la Dpec es astronómica. Para tener una idea, la energía operada en 2014 andaría por 2.500.000.000 kW/h y si las “pérdidas de energía” son el 40%, la cuenta da mil millones de kW/h en el año 2014.
Si se multiplica la energía perdida (estimada) en el año 2014 (1.000.000.000 kW/h) por el precio promedio de venta (0,2111 $/kWh) vigente en ese año (Cuadro tarifario Nº 89), se obtiene $211 millones de pérdida económica directa; vale decir más de $17 millones promedio al mes.
Volviendo a los anuncios del Gobierno, éstos se basan en culpas ajenas, como la insuficiente generación de energía. No obstante, los anuncios del Ministerio de Energía de la Nación ayudan a enmendar los desvaríos de los portavoces locales. El ministro Juan José Aranguren admitió que se contemplan dos tipos de cortes o apagones: 1) los programados debido a que no alcanza la capacidad de generación de energía en el país y 2) los cortes vinculados al mal estado de cables y de transformadores y a la “falta de mantenimiento o ausencia de inversión”.
Respecto de lo segundo (caso de Corrientes) quedó bien claro que las empresas distribuidoras que son responsables de que ese tipo de corte ocurra serán penalizadas y se definirá si hay una compensación para las personas damnificadas. Prueba de ello es que el Gobierno nacional anunció un listado oficial de las distribuidoras Edenor y Edesur (Capital Federal y Gran Buenos Aires) con la cantidad de usuarios a los que se les iba a interrumpir el servicio: 190.059 el jueves y 196.352 el viernes, precisando la localidad, el número de subestación y de medidor. Así, los usuarios de las distribuidoras, con el número de subestación y de medidor que figura en la factura, podían ver en los listados oficiales si estaban alcanzados por los cortes.
Si bien el ministro nacional se refería a usuarios de la Capital Federal y Gran Buenos Aires, Corrientes también forma parte de la Argentina y los damnificados de acá tenemos los mismos derechos que los de allá, por lo cual habrá que estar bien atentos para ver si los cortes de la Dpec son programados o por causas accidentales. Si no hubiera listados oficiales es probable que nos quieran hacer pasar la falta de mantenimiento y ausencia de inversión por insuficiencia de electricidad en el sistema nacional; porque acá la cuestión no sólo es que sea insuficiente la electricidad, sino que a Colombi se le pierde mucho. Además, es una insolencia que la pretendida responsabilidad de “economizar” sea transmitida al pueblo bajo advertencia de cortes de energía en los días de más calor.
CONFESIONES
Entre los recientes anuncios se lee que tratan de “agilizar y facilitar los trámites de altas de suministro a miles de familias” y parece una confesión pues, sin dar pistas, alude a algún mecanismo perverso que se ocuparía de entorpecer o dificultar las altas de suministro a miles de familias que serían “colgados”. La cuestión es, por qué recién ahora lo podrían hacer, dado que el Reglamento General para el Suministro de Energía Eléctrica (RGSE), que rige en la Dpec desde hace años, obliga a los encargados a fiscalizar los puntos de suministro “que no registren el consumo del usuario o lo hagan defectuosamente” y reprime las pérdidas no técnicas empezando por un acta de constatación y finalizando con el recupero de la energía y/o potencia “efectuando los débitos en forma retroactiva” (RGSE Art. 5.2). El número de actas de fraude (y recupero de energía) es un parámetro relacionado inversamente con las pérdidas de energía; o sea: más actas = menos pérdidas, pero el número de actas desciende en forma vertiginosa desde 18.000 en el año 2006 hasta menos de 4.000 en 2014.
También esta semana la Dpec comunicó que estaba autorizada a interrumpir el servicio por sectores durante los horarios de la siesta y noche, pero eso suena a cuento chino porque Cammesa no “autoriza”. Más bien parece que es una justificación por los cortes sorpresivos de luz, que cuando se corta y a los pocos segundos vuelve con picos altos, son virtuales atentados terroristas contra los electrodomésticos por el deterioro que provocan y después, chau tu plata.
Volviendo a los anuncios del Gobierno, éstos parecen el enésimo intento de utilizar la falsa emergencia energética para justificar los apagones; falsa porque esencialmente se deben al deplorable estado del sistema de distribución y transmisión por falta de mantenimiento e inversiones. Sólo la insistencia propagandística puede sostener una imagen de “emergencia” tan opuesta a la realidad.s