La modalidad del zarpazo ilegal

Algunos lo llaman “compensación”, otros, más pundonorosos en la rapiña, lo califican como un “retroactivo”, el gobierno de Cambiemos recurrió al término “cargo extra”; en cualquiera de sus variantes ha llegado la hora del zarpazo ilegal. Es la modalidad que se impone para que cierren las cuentas de las empresas de servicios públicos, una suerte de expoliación nada solapada que desnuda la conducta irreverente, con rasgos de depredatoria, del poder político y económico. La conducta se ha vuelto un modus operandi. Todo indica que está lejos de ser una casualidad el hecho de que la administración de Mauricio Macri haya decidido avanzar con un aumento tarifario, con efecto retroactivo, en el servicio de gas natural y que la misma resolución con idéntica modalidad haya adoptado la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) (es decir, la administración del radical Gustavo Adolfo Valdés) con el servicio de luz eléctrica. La coincidencia no debería causar sorpresa, son socios.

Lo que en verdad sorprende es el desparpajo para el atropello. O se trata de una curiosa casualidad o es la acción deliberada de una caterva de impúdicos dispuestos a traspasar todos los límites que impone la legalidad, y la decencia. Hasta aquí el macrismo tuvo ciertos reparos con la calidad legal de sus medidas, la mayoría oprobiosas, pero encuadradas bajo los resguardos mínimos de los preceptos constitucionales. Sin embargo, en los últimos días, con el cobro del cargo extra en el servicio de gas, avanzó sobre un terreno resbaladizo donde la sociedad mide los actos no tanto con la vara de la Constitución sino del decoro. En tanto aquí, en Corrientes, esos parámetros hace bastante tiempo que se han perdido. Algunos creen que hace por lo menos dos décadas, como sea, no deja de ser una señal de alarma que el recato se haya diluido tan pronto en una gestión de gobierno que ni siquiera ha completado su primer año. La maniobra de la Dpec para facturar con más volumen se encuadra dentro del catálogo de pillerías propias de una feria de embusteros. No lo dice este diario sino la Cámara de Diputados de la Legislatura provincial, que aprobó una resolución instando a la empresa estatal a dar marcha atrás con la facturación pues aplicó una actualización tarifaria a consumos viejos. “La tarifa fijada, por el nuevo Cuadro Tarifario 93B, que fuera aprobado por Decreto Nº 2.079/18 y posteriormente publicado en el Boletín Oficial el 24 de agosto de 2018, ya se aplica desde el 1 de agosto, en forma retroactiva, siendo que el principio general de nuestro Derecho es la no retroactividad de las leyes”, dice en sus fundamentos la resolución sancionada por unanimidad del cuerpo. Y agrega que “el Código Civil y Comercial en su artículo 7º establece: las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario; la retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales”. Las autoridades de la Dpec afirman que no están infringiendo la ley. Los aumentos que se aplican corresponden a decretos aprobados en audiencias públicas de los años 2017 y 2018, explicó Jorge Veglia (subgerente comercial de la empresa estatal) y detalló que “las subas ya están autorizadas desde el año pasado y se están aplicando gradualmente”. La última modificación del cuadro tarifario de la Dpec significó una suba cercana a 35% promedio, en el año acumula un incremento de 75%. Piensan seguir adelante como si nada, seguramente se abrirá una batalla judicial. A esta altura, el litigio ya no es por dinero sino por la legalidad de la medida. El decoro, hace tiempo quedó sepultado. Al menos Macri dio marcha atrás con el tema del gas, igual lo terminarán pagando todos los argentinos, pero disimuló las formas. Aquí ni eso... s