Explotación sexual: el relato de una víctima que consiguió justicia

Una víctima de trata denunció que una pareja había viajado hasta la provincia de Misiones para ofrecerle trabajo como asistente en una casa de familia, pero cuando se trasladó a Virasoro, donde supuestamente sería empleada, le quitaron el Documento Nacional de Identidad y la obligaron a prostituirse. Quienes la explotaron fueron condenados la semana pasada a penas de 8 y 5 años de prisión por el Tribunal Oral Federal de Corrientes. La denuncia fue realizada casi dos meses después de que la mujer fuera explotada sexualmente en el local nocturno Mami Lu, ubicado en Virasoro. La mujer, oriunda del interior misionero y madre de un niño, vivía con sus padres y en condiciones de precariedad. “Necesitaba el trabajo para mantener a mi hijo”, había declarado en el marco de la investigación que derivó en un juicio oral y público en el que condenaron a sus victimarios. La denuncia la había realizado el 5 de marzo de 2015 por medio de un llamado telefónico a la línea 145. Refirió en su relato el lugar de donde provenía, su edad, que tenía un hijo y se encontraba en busca de trabajo. Pero sólo siete meses después de este pedido de auxilio se allanó el lugar y la denunciante fue rescatada. Relató que en esas circunstancias conoció al matrimonio compuesto por Lourdes Gularte y a Néstor De Simón, quienes se habían acercado a ella para ofrecerle una actividad laboral rentada. “Le prometieron trabajo como empleada doméstica, que por ese motivo se trasladó en un auto desde su lugar de origen hasta Virasoro”, según consta en el expediente judicial. La mujer señaló que una vez llegados a destino, la llevaron a una vivienda donde supuestamente trabajaría, pero allí le quitaron su Documento Nacional de Identidad. Horas más tarde un vehículo la trasladó a un prostíbulo de 8 habitaciones donde las mujeres eran obligadas a mantener relaciones sexuales con los clientes. La víctima declaró que las mujeres explotadas sexualmente allí, eran obligadas a tomar alcohol hasta emborracharse y en ocasiones drogadas con cocaína, para luego obligarlas a realizar los pases con los clientes. Aseguró que allí “eran maltratadas”, y que “incluso las obligaban a trabajar estando enfermas”. En el juicio llevado adelante en la ciudad de Corrientes se expuso que, según los testimonios de las víctimas y los registros que habían obtenido los efectivos de la Gendarmería, las explotadas eran alojadas en una vivienda que pertenecía a los dueños del local nocturno. En ese inmueble habrían convivido hasta 10 mujeres a las que no se les permitía salir sin autorización y sin compañía de los integrantes de la organización de proxenetas. Esa casa estaba custodiada por un hombre conocido como “Marquitos”, una especie de cuidador que hacía las veces de guardia para evitar que las mujeres se fugaran. Cerca de las 22 llegaban a esa casa los automóviles de una empresa de remís en el que trasladaban a las chicas al prostíbulo. Los mismos rodados volvían al burdel a las 7 de la mañana para buscarlas y llevarlas al lugar de cautiverio. La pareja que regenteaba el prostíbulo había prometido a cada una de las explotadas un pago que consistía en un porcentaje de lo obtenido por sus servicios sexuales. “La denunciante señaló que el valor del pase era de 200 pesos la media hora, y que de eso a ella le correspondía la mitad, más 5 pesos por copa, pero que en realidad nunca recibió el dinero”, dice el expediente del juicio. En el local nocturno “había entre 7 y 10 mujeres siendo explotadas sexualmente, algunas de las cuales serían menores de edad, de 15 y 17 años”, dice la denuncia. Ellas estaban controladas en el local por la dueña, pero también una colaboradora que “sólo cobraba lo realizado por el resto de las mujeres y les guardaba el dinero, el cual nunca era entregado a las mujeres. Esta mujer también ayudaba a Lourdes -la propietaria- a llevar comida y buscar chicas”.s