Decomisan casas de una pareja condenada por explotación sexual

Un Tribunal Oral Federal dispuso el decomiso de locales donde funcionaban prostíbulos para ponerlos a disposición de organismos de bien público. Se trata de un local de la localidad de Virasoro que funcionaba como burdel y donde la Gendarmería Nacional rescató a víctimas de trata de personas, y de una vivienda en donde se mantenían cautivas a las víctimas. El destino del inmueble para uso de bien social se dio a raíz de un fallo condenatorio a una pareja que fue juzgada en Corrientes por explotación sexual en aquella localidad del norte provincial, y se enmarca en las disposiciones de la Corte Suprema de Justicia. La disposición del máximo organismo de Justicia de la Nación establece que todos los bienes que son incautados a organizaciones criminales se utilicen en beneficio de la sociedad, o bien, que se los entregue a las fuerzas de seguridad para que sean usados en acciones de lucha contra el narcotráfico y el delito organizado. Los jueces también ordenaron que el dinero incautado en el marco de la causa judicial se ponga a disposición del Estado para que se solventen los costos que demandan los programas de asistencia a las víctimas de trata de personas. La decisión fue conocida el viernes cuando se dieron a conocer los fundamentos del fallo en el que fueron condenados Lurdes Gularte y su pareja, Néstor De Simón, condenados el 11 de octubre por el delito de “Trata de personas, agravada por mediar abuso de una situación de vulnerabilidad, por ser las víctimas más de tres y haberse consumado la explotación”. El matrimonio fue condenado a penas de 8 y 5 años de prisión por el Tribunal Oral Federal de Corrientes por haber sido culpable de haber regenteado un prostíbulo en la localidad de Virasoro, donde en 2015 fueron rescatadas mujeres que eran víctimas del delito de trata. El local inscripto como “Whiskería Mami Lu”, funcionaba en las afueras de la localidad de Virasoro, y allí, según fue probado en el juicio, se explotaba sexualmente a “un número no determinado de víctimas” que habían sido llevadas engañadas al burdel, donde eran sometidas. La causa se originó a principios de marzo de 2015 cuando una de las mujeres explotadas denunció que había sido puesta en cautiverio y obligada a prostituirse, tras haber sido engañada por una pareja que le habría ofrecido trabajo en una casa de familia. Según consta en el expediente judicial, la víctima dijo que esta pareja había viajado hasta la provincia de Misiones para contratarla como ama de llaves, pero cuando se trasladó a Virasoro, donde supuestamente sería empleada, le quitaron el Documento Nacional de Identidad y la obligaron a prostituirse. La mujer, oriunda del interior misionero, había logrado salir del local para realizar la denuncia telefónica dos meses después del día en que fue captada por la organización criminal. Había aceptado el ofrecimiento de trabajo debido a que era madre de un niño, vivía con sus padres y en condiciones de precariedad. “Necesitaba el trabajo para mantener a mi hijo”, había declarado en el marco de la investigación que derivó en un juicio oral y público en el que condenaron a sus victimarios. Refirió en su relato el lugar de donde provenía, su edad, que tenía un hijo y se encontraba en busca de trabajo. Pero sólo siete meses después de este pedido de auxilio, se allanó el lugar y la denunciante fue rescatada.s