Denuncian por abuso de autoridad al Icaa en obra de dragado del Riachuelo

Avanza en la Justicia correntina la presentación de una denuncia penal contra los funcionarios a cargo de la obra millonaria para dragar el Riachuelo en la jurisdicción de San Luis del Palmar. El expediente Nº 187.238 se encuentra en la Fiscalía de Instrucción Nº 5 de Corrientes, a cargo de la fiscal Graciela Fernández Contarde. El presupuesto del trabajo encargado por contratación directa a la empresa Ecodyma- sin llamado a licitación- ronda los $180 millones, cuando desde la Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables situada en Corrientes aseguraron que podían efectuar el mismo trabajo por menos de $30 millones. Esta información fue aportada a este diario por el titular del Centro de Operaciones de Emergencias de San Luis, José María Serbín. A la par de la millonaria diferencia, la razón de la denuncia se circunscribe a que las dragas y topadoras de la empresa ingresaron en zona protegida de la reserva del Parque Provincial San Cayetano, destruyendo la flora y fauna, sin haber realizado un estudio ambiental según las normativas, tal cual sostiene su denunciante, el ambientalista Emilio Spataro. También aseguró a NORTE de Corrientes que la contratación directa se puede realizar dentro del plazo de la emergencia hídrica (por la inundación extraordinaria de 2017), “la cual era por 180 días desde abril de 2017 y ya venció” (en octubre de 2017), dijo. Por ende, la Provincia habría incurrido en una maniobra ilegal. El texto judicial al cual NORTE de Corrientes tuvo acceso, declara: “El 1 de julio de 2017, en el marco de acciones previstas para acelerar el escurrimiento de las aguas que anegaban a San Luis del Palmar y otras localidades, comenzó una obra de dragado del Riachuelo. Desde el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa) explicaron que la draga succiona lo extraído del lecho (arena, limo, sedimentos) expulsándolo en la zona costera a través de cañerías de una longitud cercana a los 300 metros. Las tareas empezaron desde la desembocadura del Riachuelo en el río Paraná, hacia el puente Pexoa, con un trabajo de 20 horas diarias, según explicaron los técnicos. Las tareas de dragado avanzaron hasta las inmediaciones del puente sobre la Ruta Nacional Nº 12 y el 8 de noviembre de 2017 en el sitio web del Icaa dejaron constancia de que se había cumplido con el 80% del trabajo previsto. Más tarde, el 1 de febrero de 2018, y habiendo transcurrido ya los 180 días de emergencia hídrica, el Icaa informó en su sitio web que se elevó solicitud de fondos al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, para el dragado del arroyo Riachuelo desde el Puente Pexoa hasta San Luis del Palmar. Sin ningún estudio detallado que permita evaluar fehacientemente si las obras de dragado realizadas durante el 2017 realmente tuvieron algún efecto en el mayor escurrimiento del río, el Icaa decidió impulsar una nueva obra de dragado. Así fue que el 22 de mayo, el Instituto convocó a licitación pública Nº 01/2018 para la obra de dragado del Riachuelo, en la zona que abarca a Corrientes y San Luis Del Palmar, con un presupuesto de $74 millones y un plazo de ejecución de cuatro meses. Esta nueva etapa tiene como objetivo el dragado del arroyo Riachuelo hasta la confluencia con el arroyo Riachuelito, en 12.055 metros. Esto, según el Icaa, permitirá disminuir el tiempo de permanencia de los excedentes hídricos del arroyo, atenuando las crecidas e inundaciones en barrios de San Luis del Palmar y zona lindera al arroyo Riachuelo”.

Proceder ilegal

Luego del pormenorizado detalle de obras, la denuncia concluye: “Habiendo transcurrido los 180 días de emergencia hídrica y concluida la obra de dragado original en no menos de un 80%, y verificándose no ya una situación de inundación, sino por lo contrario, una bajante pronunciada de todos los cursos de agua de la región, sin urgencia verificable y sin marco legal justificable, en pleno abuso de su autoridad el Icaa promueve una nueva obra de dragado. El ilegítimo e ilegal proceder es gravísimo dado que es el mismo Instituto el que desconoce todos los procedimientos de evaluación de impacto ambiental vigentes”. s